SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
Unións Agrarias (UU.AA.) recurrirá el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por un supuesto delito de prevaricación contra el entonces director xeral de Promoción do Emprego, Andrés Hermida Trastoy, y el director xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada, por las inspecciones ordenadas en las sedes del sindicato en 2010.
En el auto, el juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago acordó el sobreseimiento provisional y archivo al considerar que los altos cargos de la Xunta "adoptaron las decisiones siempre dentro del ámbito de su competencia".
UU.AA. había presentado en octubre de 2010 una denuncia contra Hermida y Bouzada por un supuesto delito de prevaricación por considerar que las inspecciones llevadas a cabo en junio de ese año en locales del sindicato agrario respondían "a un intento del partido político que sustenta el gobierno de la Xunta de vincular a Unións Agrarias con una trama de financiación ilegal de partidos políticos".
Así, en un comunicado, el sindicato agrario explica que el auto fue notificado el "1 de junio no es firme" y contra él cabe interponer primero recurso de reforma y si es desestimado, recurso de apelación.
RECURRIRÁ LA DECISIÓN
Además, Unións Agrarias ratifica que recurrirá la decisión, puesto que, según manifiesta, la instrucción dejó "claro por boca de los representantes de la Xunta" que la organización agraria "no cometió ninguna irregularidad ni ilegalidad" de la que fue "acusada por parte de responsables políticos del PP y de la Xunta".
Asimismo, a su juicio, también evidenció que el "procedimiento de falsas inspecciones iniciado con una celeridad inusitada", siguió una vía que, según dice, "supone una desviación de poder que alcanza la prevaricación". En este sentido, ha recordado que a 1 de junio, el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, hizo una denuncia pública y las inspecciones fueron el 7 de ese mismo mes.
Finalmente, Unións Agrarias manifiesta su "plena confianza" en la Justicia y en el derecho a defender su "honorabilidad" y el de las 10.000 personas que forman parte de este sindicato.