SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Valedor do Pobo en funciones, José Julio Fernández, ha mostrado este viernes su preocupación por el "cierre de los arbitrajes" para la devolución de preferentes, así como por la "ausencia de contestación" a clientes rechazados para este procedimiento.
Dentro de su actuación de oficio iniciada el pasado año, el alto comisionado parlamentario se ha dirigido de nuevo a la Consellería de Economía "alertado" por el hecho de que Novagalicia Banco haya cerrado "la vía del arbitraje" para los afectados desde el 17 de junio, así como por la "ausencia de información" a los clientes rechazados, algo que está causando "indefensión" a los afectados.
El Valedor quiere conocer en primer lugar "cuál es la postura de la consellería y del Instituto Galego de Consumo" sobre el hecho de fijar una fecha para que la entidad resuelva la aceptación o no de una solicitud de arbitraje. Según la entidad, este comportamiento "resulta contradictorio con el hecho de que el proceso de arbitraje es compatible con los mecanismos de cambio y liquidez que afectan a estos productos financieros".
"Entendemos en esta oficina del Valedor do Pobo que deben agotarse los medios para que todas las personas que invirtieron en estos productos financieros y que no fueron informadas adecuadamente, o incluso fueron engañadas, dispongan de los mecanismos más adecuados, como es el arbitraje, para la satisfacción de sus justas pretensiones", indica el Valedor.
Por otra parte, el Valedor ha criticado que "la ausencia de información a los clientes que tienen la puerta cerrada para acogerse a los arbitrajes" es "otro de los problemas" de estos afectados. Al respecto, el Valedor recuerda que la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda procedió en abril a determinar los criterios básicos que las entidades participadas por el Frob tenían que aplicar para ofrecer a sus clientes el sometimiento al arbitraje.
En este sentido, el Valedor cree que debería hacerse constar por parte de Novagalicia Banco ante el Instituto Galego de Consumo las solicitudes de arbitraje que no han sido aceptadas y los motivos por los que no se ajustaban a los criterios básicos. "De otra manera, consideramos que los afectados quedarían indefensos ante la eventual falta de transparencia en la aplicación de una normativa público-administrativa a una entidad participada por el Frob", concluye.