La Xunta plantea al Estado su quinto requerimiento de incompetencia por las ayudas a actividades ambientales

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo formulará al Ejecutivo estatal su quinto requerimiento de incompetencia en seis meses, en este caso por entender que el Estado invade las atribuciones de la Comunidad gallega con una resolución para conceder ayudas a entidades y ONG que realicen actividades privadas relacionadas con el patrimonio natural y la biodiversidad.

El Gobierno gallego considera "inconstitucional en su conjunto" la resolución del 31 de agosto de 2009, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, porque establece una convocatoria de ayudas que le correspondería efectuar a la Xunta, puesto que el Estatuto de Autonomía reconoce a la comunidad la competencia exclusiva para dictar "normas adicionales sobre protección del ambiente y del paisaje".

Asimismo, apela a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que, en materia medioambiental, "la regla general es la gestión autonómica" y que, al tratarse de la convocatoria de subvenciones, deben aplicarse las reglas relativas al "poder de gastar del Estado".

"El Estado debería limitarse a fijar el destino y condiciones esenciales de las ayudas, dejando su desarrollo a las comunidades autónomas, a las que se deben otorgar todas las facultades de gestión, incluida la convocatoria, todo eso, con la territorialización previa del fondo", argumenta la Xunta.

Al respecto, en la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, apeló a la "vía del entendimiento" con el Estado, pero se reafirmó en la defensa de las competencias reconocidas por el Estatuto vigente. "Seguimos defendiendo el Estatuto igual que defendemos la Constitución", aseveró.

OTROS REQUERIMIENTOS

Este es el quinto requerimiento de incompetencia que promueve el Gobierno de Feijóo desde su toma de posesión el pasado mes de abril, después del relacionado con una orden de subvenciones para realizar actividades para alumnos con necesidades de apoyo escolar, del impulsado por la gestión de residuos de actividades mineras, del presentado contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del formulado contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes.

El primero de estos requerimientos, sobre la orden de subvenciones en materia educativa, fue aceptado por el Gobierno central el pasado 24 de julio, al considerar que es posible mejorar la convocatoria. No obstante, en relación a la gestión de residuos mineros, la Xunta decidió, a mediados de septiembre, recurrir ante el TC el decreto estatal, después de que el Estado no aceptase sus quejas por invasión de competencias.

Sobre el FROB, ambas administraciones han abierto un periodo de negociaciones que, de momento, paralizó la intención del Gobierno gallego de recurrir ante el Alto Tribunal. Además, la semana pasada la Xunta anunció la presentación de un cuarto requerimiento contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes.

A ello hay que añadir el recurso contencioso administrativo que decidió presentar la Xunta contra la resolución del Estudio Estratégico Ambiental del Gobierno central que declara que gran parte de la costa gallega es apta para instalar parques eólicos marinos.

La Xunta creó el pasado mes de agosto una comisión de seguimiento, adscrita a la Dirección Xeral de Relacións Institucionais y Parlamentarias de la Consellería de Presidencia, que se encarga de la revisión de toda la normativa legal que pueda colisionar con las competencias propias de Galicia.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional emitió hace una semana una sentencia en la que da la razón a la Xunta y declara nulos 15 artículos del decreto estatal que regula la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, al entender que la competencia afectada por el texto normativo corresponde a la comunidad. Este recurso había sido interpuesto por el anterior Gobierno bipartito.