SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas gallegos tacharon hoy de "injustificadas e ilegales" las prórrogas de un mínimo de siete años a un máximo de 28 que la Dirección General de Costas ha concedido a las empresas que cuentan con instalaciones en dominio público marítimo-terrestre (seis primeros metros de la costa) y a las que le había caducado su concesión de 30 años o estaba a punto de hacerlo.
"Estamos absolutamente decepcionados han ido para atrás (Dirección General de Costas) en todos lo pasos valientes dados", lamentó a Europa Press el secretario executivo de Adega, Fins Eirexas, quien recordó que estas empresas había contado ya con 30 años para "ponerse al día" y ahora, cumpliendo la Ley de Costas, debían retirar sus instalaciones de un espacio público "que nos pertenece a todos".
Fins Eirexas atribuyó esta decisión de la Dirección General de Costas a las "presiones" recibidas del "lobby del ladrillo y acuícola" y, en especial, centró sus críticas al de rodaballo, "cuya principal y máxima valedora es la conselleira de Pesca, Carmen Gallego", acusó.
NO HAY RAZONES TÉCNICAS PARA ESTAR EN LINEA DE COSTA.
La argumentación de las empresas de que la retirada de la línea de costa era inviable si querían garantizar la actividad productiva, con lo que amenazaban con el cierre o irse, fueron interpretadas por los ecologistas como "excusas de mal pagador", ya que aseguraron que "no hay razones técnicas" que justifiquen que deban estar en estos seis metros de costa.
Eirexas aseguró que el bombeo o la temperatura óptima del agua se puede realizar sin la exigencia de ocupar dominio público marítimo-terrestre. Precisamente, reveló que, finalmente, la piscifactoría que Pescanova construirá en Mira (Portugal), tras negarle la Xunta la instalación en Cabo Touriñán por ocupar Red Natura, se construirá a 500 metros de la línea de costa.
"No hay ningún tipo de justificación se trata de una medida de gracia, que discrimina el interés público a favor de un lobby de empresas", denunciaron estos ecologistas, quien insistieron en que estas instalaciones han contado con 30 años para cumplir la ley y ahora estos tres meses que se les daba para liberar este suelo "se han ampliado de siete a 28 años. Es escandaloso", zanjaron.
