SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Productores de rodaballo calificaron de "positiva" la decisión de la Dirección General de Costas de prorrogar hasta siete años como mínimo y hasta un máximo de 28 --para situaciones "extraordinarias"-- la permanencia de empresas en dominio público marítimo terrestre --los primeros seis metros de costa-- porque para instalaciones afectadas no "es capricho, sino necesidad". Así, confirmó que, de no renovarse esta concesión, habría quien tendría que cerrar su actividad.
Así lo argumentó a Europa Press el gerente de la Asociación de Rodaballos de Galicia (Aroga), Fernando Otero, quien, en concreto y a modo de ejemplo, se refirió a una planta cuyas instalaciones de preengorde están situada "prácticamente en su totalidad" en esta franja de dominio público marítimo-terrestre, por lo que reconoció que, si no hubiesen contado con esta prórroga, se quedaría sin actividad.
Fernando Otero insistió en que esta franja de seis metros es "fundamental" para las actividades productivas que se desarrollan vinculadas con el mar y valoró que "Madrid entendieran la especificidad de Galicia, no sólo en en producción de rodaballo" y que atribuyó "en gran medida" a la "mediación" de la conselleira de Pesca, Carmen Gallego.
Así, insistió en que la necesidad de ubicarse en el domino público o zona próxima al mismo "no es un capricho", ya que hay que "cantidad de empresas" que "necesariamente" deben situarse en estos terrenos.
DISPONIBILIDAD DE TERRENO ALTERNATIVO.
En cuanto a si el estas empresas harán uso de la posibilidad de prorrogar hasta siete años más la renovación por este mismo período de tiempo ya concedido, Otero admitió que dependerá del tipo de instalación ubicado en esta franja y del terreno disponible alternativo con el que cuenten.
"En algunas empresas el problema será menor porque se trata, en algún caso, de instalaciones pequeñas como vallas", reconoció, aunque seguidamente reveló que, en otras, el "centro neurálgico" de la factoría se encuentra en esos seis primeros metros de costa, "y ahí se verificará su traslado en ese tiempo siempre que tenga terrenos". De encontrarse con esta dificultad, interpretó como "probable" que hagan uso de "causas ajenas a la empresa" para prorrogar su concesión otros siete años más, con lo que se elevaría esta renovación a 14 años.
ECOLOGISTAS GALLEGOS, CONTARIOS A LA ACUICULTURA.
Otero se mostró molesto por las críticas a esta prórroga de los ecologistas, quien recriminan a estas empresas a las que le caducó su concesión que tuvieron "tiempo más que suficiente" para prepararse para cumplir con la Ley de Costas y liberar este suelo de dominio público "que pertenece a todos".
"A los ecologistas, y especialmente a los gallegos, les molesta la acuicultura y quieren terminar con ella", denunció el gerente de Aroga que atribuyó las críticas a la renovación de la concesión a este hecho.
Asimismo, reprobó que se les emplace a buscar otras zonas fueran del dominio público marítimo terrestre, "y cuando queremos crecer y buscar otros terrenos para mantener nuestra posición mundial se nos critica. Son totalmente contradictorios", zanjó.