PALMA DE MALLORCA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, ha presentado la Memoria 2016 de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) y ha destacado que "el año pasado se hicieron 26 demoliciones que se pueden sumar a las 12 del primer trimestre de este año".
En la presentación, ha destacado que con los datos se demuestra que han conseguido dar impulso a la agencia y se ha llevado a cabo un "salto tanto cualitativo como cuantitativo". "Hacemos cumplir la ley y llevamos adelante una acción de ejemplaridad. La gente en la calle ya ve que las demoliciones sí son posibles", ha remarcado.
Por lo tanto, son 38 demoliciones en total, el doble de las 19 que se habían ejecutado desde el inicio de la Agencia. Además, ya hay 35 órdenes de demolición en proceso que o se están ejecutando en este momento o se encuentran en fase de tramitación de la licencia municipal.
De las 26 ejecutadas en 2016, 21 se han acogido a las reducciones del 90 o 80 por ciento, porque se llevaron a cabo voluntariamente antes de que se les impusiera la sanción o dentro del plazo que tienen. En total, son 678.922 euros que se han devuelto o supuesto de las sanciones iniciales.
Según han remarcado, las 73 demoliciones se llevan a cabo de forma voluntaria. Los infractores tienen un plazo para iniciar la demolición y si no lo cumplen, deben empezar a abonar las multas coercitivas.
Estas multas consisten en pagar mensualmente, hasta un máximo de 12 mensualidades, el 10% del valor de la edificabilidad ilegal. Una vez pasado este año y habiendo pagado un 120%, el ADT ejecuta la demolición y el infractor también la tiene que pagar.
Este sistema, previsto en la Ley del suelo de Baleares, promueve las demoliciones voluntarias y, de este modo, el territorio vuelve a su estado inicial con mayor antelación.
El 2016 ha sido el primer año que la Agencia ha puesto en marcha las multas coercitivas, ha impuesto 69, y han sumado una cantidad de 300.497 euros.
Además, durante el 2016 se han iniciado 160 expedientes sancionadores o de demolición. Esta cifra es superior a la suma de los expedientes iniciados entre 2012 y 2015.
En el mismo periodo, se han impuesto 56 sanciones, por un total de 1,7 millones de euros. Cabe destacar que la mayoría de los 160 procedimientos iniciados se resolverán este año; por tanto, la previsión es que estas cantidades aumenten considerablemente dentro de este ejercicio.
66 ÓRDENES DE PARALIZACIÓN DE OBRAS ILEGALES
Por un lado, teniendo en cuenta el protocolo de actuación de la ADT, ha habido 66 órdenes de paralización inmediata de obras ilegales que se estaban construyendo. Un número muy superior a las 8 dictadas durante el 2014 y 2015.
En cuanto a las inspecciones, se han llevado a cabo 569, más del doble de las que se hicieron durante el 2015 (265).
Por otra parte, se han reiterado 108 órdenes de demolición, de las 150 que estaban pendientes de ejecutar. Las 42 restantes aún no se han podido reiterar, porque se encuentran pendientes de resolver un recurso de alzada o pendientes de sentencia de recursos contenciosos administrativos.
