PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) - -
El PP puso en duda hoy que el Govern pueda acometer su compromiso de construir 5.000 viviendas de protección oficial (VPO) al no poderse superar en ningún municipio de la isla, ni tan siquiera en Palma, el límite máximo de crecimiento establecido en el Plan Territorial de Mallorca, tal y como quedó fijado ayer en la Proposición de Ley de la Vivienda a exigencias del Bloc.
El Bloc logró la retirada de un punto de la Ley que permitía extender al resto de municipios de Mallorca la excepción contemplada sólo para Palma, según la cual la ciudad podía superar el crecimiento urbanístico que establece el PTM para edificar viviendas protegidas. Una excepción que tuvo que ser retirada (incluso para Palma) a última hora de ayer, a fin de poder cerrar el acuerdo entre todos los partidos.
En rueda de prensa, el secretario ejecutivo de comunicación PP, Miquel Ramis, apuntó que la introducción de esta limitación en el texto podría suponer un impedimento para que en determinados municipios, como en la capital balear, no pueda satisfacerse la demanda de viviendas públicas, al impedirse que se eleve el máximo de crecimiento establecido en el Plan Territorial.
"No vemos claro el futuro de esta Ley. Ha sido una foto magnífica, pero si al final, por las diferencias internas dentro del Govern de esta comunidad, no es posible construir esas 5.000 viviendas, su resultado para los ciudadanos será nulo, o muy bajo", advirtió. ACUERDO HISTÓRICO
No obstante, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que calificó de "histórico", si bien lamentó que "una vez más" los "enfrentamientos" entre los miembros del Pacte (entre el Bloc y PSIB) puede "hacer peligrar" la materialización efectiva de la Ley, debido a que los "planeamientos municipales limitarán los crecimientos imposibilitando, en algunas localidades, poder llegar a construir las 5.000 viviendas anunciadas.
En este punto, Ramis celebró que el Ejecutivo balear haya incorporado "todas y cada una de las aportaciones" planteadas por el PP que, según dijo, son "sentido común", como impedir que se construya en suelo rústico, la necesidad de disponer de informes medioambientales, la exigencia de las viviendas vayan acompañadas de la dotación de infraestructuras y servicios necesarios, así como no conculcar en el principio de autonomía municipal en materia urbanística.
BENEFICIOS PARA LOS CONSTRUCTORES
Asimismo, el dirigente 'popular' destacó la relevancia que tendrá la aplicación del acuerdo en el sector de la construcción, ya que "gracias a la reclamación del PP, las empresas de las Islas Baleares tendrán un papel predominante dentro de la construcción de las VPO", lo que servirá a su vez para mejorar el conjunto del tejido empresarial del archipiélago.
Al respecto, recordó que en el pasado mes de enero era "antipatriótico" hablar de crisis financiera y económica en esta comunidad, cuando ahora, una vez pasadas las elecciones generales, el propio president del Govern, Francesc Antich, señala que la Ley "es buena" para dar respuesta a la crisis, con lo que "pensamos que se estaba negando una situación evidente para disponer de una rentabilidad económica", concluyó.
