AMPL.- El anteproyecto de la Ley del Suelo contempla que el uso del suelo rústico será "excepcional" y regula las ART

PALMA DE MALLORCA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El anteproyecto de la Ley del Suelo contempla que el uso del suelo rústico tendrá un carácter "excepcional" a la hora de construir en él viviendas unifamiliares, dándole así una mayor protección restringiendo los parámetros de edificación y ocupación, mientras que, por otro lado, regula las Áreas de Reconversión Territorial (ART) para que realmente sean "racionales" y respondan a su objetivo evitando así que se conviertan en una fórmula de aprovechamiento del suelo con fines económicos.

Las principales novedades son las reducciones de ocupación y edificación, de forma que establece que la superficie máxima construible en suelo rústico no podrá superar el 2 por ciento de la superficie de la parcela, en caso de que se trate de una instalación de interés general (actividades agrarias, ganaderas y forestales), y el 1 por ciento si se pretende construir una vivienda unifamiliar.

Además, la altura máxima de los edificios de dos plantas en suelo rústico pasarán de 8 a 7 metros, mientras que el volumen máximo de los mismos, ya sean casas unifamiliares o edificios de interés general se reducirá de 1.500 a 1.300 metros cuadrados. Asimismo, la nueva normativa también prohibirá construir en pendientes superiores al 15 por ciento.

Así lo informó en una rueda de prensa el conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, quien tras presentar esta normativa, insistió en que ésta no está "cerrada", por lo que admitió que en los próximos meses, está dispuesto a introducir cambios en la Ley, que confió en que sea aprobada por el Consell de Govern antes del verano.

Por ello, hizo una "llamada a la responsabilidad" a los partidos que conforman el Ejecutivo autonómico, con el fin de que "aprovechen esta oportunidad" de aprobar una normativa, que permita un "modelo urbanístico y territorial más racional" e impida, por tanto, el "urbanismo a la carta que ha habido hasta ahora y que tando daño ha hecho a las islas".

Preguntado sobre si el anteproyecto cuenta con el apoyo de UM, partido que ha expresado en varias ocasiones sus reticencias a aspectos relacionados con esta Ley, sobre todo, los relacionados con el suelo rústico y las ART, Vicens apuntó que todas las formaciones del Ejecutivo cuentan con el texto "desde Navidad" y remarcó que la nueva normativa "recoge los principales puntos programáticos del pacto de Govern".

Además, añadió que todos los partidos políticos del Ejecutivo han participado de alguna forma en la elaboración del anteproyecto de ley, que fue elaborado por una Comisión específica, formada por los Consells Insulares, las Consellerias de Vivienda, Medio Ambiente y Movilidad, el Ayuntamiento de Palma y la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

De esta forma, UM habría participado a través de la Conselleria de Medio Ambiente que gestiona Miquel Ángel Grimalt, si bien Vicens precisó que los técnicos de este departamento que hicieron sus aportaciones al anteproyecto de Ley del Suelo actuaron como Govern y no en representación del partido político presidido por Miquel Nadal.

"OPORTUNIDAD PARA CORREGIR LOS MALES ENDÉMICOS"

"Esta Ley es una oportunidad muy seria para poder corregir los males endémicos del actual modelo territorial y urbanístico", remarcó Vicens, al tiempo que consideró que la normativa es una "herramienta para darle la espalda de una vez por todas a las malas prácticas urbanísticas y al urbanismo desarrollista".

El conseller avanzó que desde esta misma semana, presentará el anteproyecto de ley a la sociedad de Baleares, mediante reuniones que mantendrá tanto él, como el director general de Ordenación del Territorio, Bernat Aguiló, con los Consells Insulares, los Ayuntamientos, arquitectos, sectores profesionales y entidades agrarias y ecologistas, con el fin de recoger sus aportaciones.

Una vez se apruebe esta normativa, que establece que el 30 por ciento del suelo urbano o urbanizable deberá ser destinado a vivienda de protección pública, Vicens recalcó que Baleares dejará de ser la última Comunidad Autónoma sin contar con una Ley del Suelo propia y esperó que tras el debate que se produzca en los próximos meses, "todos nos sintamos cómodos".

En este sentido, recordó que actualmente, el urbanismo y la ordenación del territorio en Baleares se rigen por una Ley estatal aprobada en 1976, que quedará derogada en las islas con el nuevo texto, que supondrá la modificación o derogación de más de 20 normas territoriales y urbanísticas.

MAYOR RESPONSABILIDAD ANTE LAS INFRACCIONES

Entre las principales novedades de la nueva Ley, Vicens destacó que amplía la responsabilidad de las infracciones urbanísticas, de forma que ya no sólo serán responsables los promotores y los constructores de las obras, sino también los titulares, directores y explotadores de establecimientos, los técnicos titulares, el director de las obras y de las instalaciones, los notarios y registradores de la propiedad, los titulares y los miembros de los órganos administrativos, así como los funcionarios públicos en función de sus competencias.

El conseller aseveró que el anteproyecto también restringe el concepto de suelo urbano para evitar la creación de "falsos urbanos que tanto han proliferado en las islas o que suelos rústicos pasen directamente a urbanos sin la transformación que debería ser normal y preceptiva".

En cuanto a las infracciones en caso de que se cometa una ilegalidad urbanística, Vicens detalló que en caso de que el responsable la solucione por sí mismo para adaptarla a la legalidad en los plazos que dispone la resolución del expediente, se reducirá en un 80 por ciento la multa impuesta en el procedimiento sancionador. Asimismo, agregó que esta reducción sería del 95 por ciento si la reposición se hiciera de manera voluntaria antes de la resolución definitiva del procedimiento sancionador.

Respecto a las ART, Vicens manifestó que la Ley permitirá que éstas sean "racionales", ya que, a su juicio, "no es posible que la reforma de una vaquería para convertirla en un centro de interpretación suponga que se creen 2.300 plazas en otro lugar". "La normativa regula estas Áreas y, luego, serán los propios Consells Insulares los que harán su propia reglamentación", sostuvo.

Finalmente, el conseller resaltó que la nueva normativa predica la "transparencia, la participación y la máxima información a los ciudadanos", ya que, en su opinión, estos son los "grandes antídotos contra la corrupción urbanística y el urbanismo a la carta".