(Ampl).- El Ayuntamiento de Palma quiere construir 1.600 VPO de alquiler en cinco años y tomará como referente a Euskadi

El Consistorio prevé "reorganizar" la normativa y estudiará aplicar un recargo del IBI a las viviendas vacías para sacarlas al mercado PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Vivienda del Ayuntamiento de Palma, José Manuel Gómez, subrayó hoy que el Consistorio de la capital se ha marcado como objetivo la ampliación del parque público de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, para lo cual prevé la construcción de 1.600 VPO en arrendamiento en los próximos cinco años, ya que según explicó, la oferta pública actual de la capital sólo asciende a 400 viviendas, que según el regidor, "no atienden ni a una cuarta parte de la demanda real".

Así lo manifestó hoy en una rueda de prensa que ofreció junto al consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Javier Madrazo, donde Gómez manifestó que el Ayuntamiento de Palma ha iniciado una relación institucional en materia de vivienda con Euskadi, con el objetivo de adoptar en Palma algunas iniciativas de las puestas en marcha a través de la Ley de Vivienda del Ejecutivo Vasco, para lo cual el regidor se desplazará en los próximos meses a Bilbao.

A juicio de Gómez, en Baleares es necesario "un marco normativo nuevo" que permita implantar políticas de vivienda a largo plazo ya que, según mantuvo, la organización heredada del anterior equipo de Gobierno del PP "no da para hacer políticas de vivienda con profundidad", al tiempo que llamó la atención sobre la necesidad de llevar a cabo una "reorganización" de la estructura, que tenga como inspiración la normativa en esta materia puesta en marcha por el Gobierno Vasco.

En este sentido, el regidor recalcó que uno de sus objetivos es la creación de una parque público de alquiler, la constitución de una empresa de alquiler, una empresa de promoción de vivienda y otra de construcción, mientras que señaló que otra de las acciones que se realizarán serán la revisión de procedimientos "opacos" en la concesión de licencias.

Según explicó, como en el reciente caso de la promoción de viviendas protegidas en el barrio de Es Pil·lari, en algunas ocasiones las empresas que han construido las viviendas "primaban" a los compradores con los mejores pisos si pagaban un sobreprecio en "dinero negro", o incrementaban el precio de manera unilateral como en el caso de Es Pil·lari.

Sobre las medidas, Gómez recalcó la necesidad de ligar las políticas de suelo y de vivienda, ya que como señaló, cuando se infringen aspectos de la legislación sobre suelo "puede afectar en la vivienda". Además, anunció su intención de crear un parque público en régimen de alquiler para hacer frente a la demanda existente, ya que según señaló, con la población de 400.000 personas de Palma "habría que llegar a las 2.600 viviendas en alquiler, un objetivo que hoy por hoy es inasumible".

POLÍTICA DE VIVIENDA EN EUSKADI

Sobre las líneas en materia de vivienda que se aplican en Euskadi, el consejero explicó que, a pesar de que el problema no se ha resuelto en la Comunidad Autónoma, "se han sentado las bases para su resolución", subrayando que antes de las llegada de Ezker-Batua a la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco se construían 2.500 VPO en Euskadi, una cifra que entre 2002-2006 alcanzó las 5.000 VPO y que en el año 2007 se cifró en 7.000 nuevas construcciones.

Asimismo, señaló que se han movilizado 4.000 viviendas vacías, que actualmente están habitadas con rentas sociales y se ha fortalecido el parque público de las mismas, pasando de las 700 a las 9.000. "Se pone de manifiesto que otra política es posible de mano de la izquierda y con la colaboración de los Ayuntamientos, ya que no es posible una respuesta eficaz de una sola institución", manifestó.

Madrazo apuntó que actualmente, muchos Consistorios vascos asumen como normales políticas que antes les costaba asimilar, al tiempo que subrayó que desde el Gobierno Vasco se ha realizado un esfuerzo político en favor de la sostenibilidad, que se ha traducido en que, por ejemplo en el Ayuntamiento de Bilbao, el área de Urbanismo y Vivienda se ha unido con el de Medio Ambiente.

El consejero explicó que la Ley de Vivienda del Gobierno Vasco tiene como eje fundamental el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, ya que según manifestó, "está bien dar respuestas concretas" entendiendo que la legislación ha de recoger que la vivienda "es un derecho básico" que se pueda recurrir ante los tribunales.

Por eso, con la Ley de Vivienda vasca, Madrazo explicó que cualquier ciudadano puede reclamar una vivienda y si no se la ofrecen, el Ejecutivo Autonómico tiene la obligación de subvencionar un alquiler en el mercado libre de modo que el arrendatario no pague más de un 30 por ciento de sus ingresos

CANON A LOS PISOS VACÍOS

Sobre el canon a los pisos vacíos para fomentar su salida al mercado de alquiler, Madrazo explicó que con el programa del Gobierno Vasco 'Bizigune', el inquilino firma un contrato directamente con el Ejecutivo Autonómico, lo que hace que se de "más garantías" al propietario, además de 18.000 euros para arreglar cocinas y baños.

"Hay un interés para el propietario, que no percibe la renta de mercado pero sí una que se aproxima a ella, ya que también hay un tope para evitar el encarecimiento de precios, que está entorno a 660 euros", manifestó el consejero, quien indicó que al inquilino se le impone una renta social, que en ningún caso supera el 30 por ciento de sus ingresos, mientras que la diferencia de precio la pone el Gobierno Vasco.

"Hay que trasladar al propietario que no quiere sacar al mercado libre su vivienda y tampoco quiere ofrecerla al Gobierno Vasco, que por ese lujo deberá pagar un canon. Si la Diputación de Bizkaia, Gipuzkoa o Araba incrementa el IBI, no se aplica el canon, si no hay medida de incremento del IBI, se aplica" explicó.

Sobre esta posibilidad, el regidor apuntó que el Ayuntamiento quiere preparar una serie de medidas que permitan incentivar la salida al mercado de alquiler de las viviendas vacías, aunque aseguró que, en caso de agotarse todas las vías, se estudiará la posibilidad de aplicar una medidas como el recargo del impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aprobado por el Gobierno de Aznar.

"Cuando los pisos estén vacíos se estudiará la posibilidad de aplicar un recargo, lo que supone poner en marcha una posibilidad que ya existía desde hace bastantes años" concluyó Gómez.