PALMA DE MALLORCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consell de Mallorca aprobó hoy de forma definitiva, con 17 votos a favor y 15 abstenciones del PP, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de la isla, que comenzará a funcionar el 1 de enero de 2009 con un presupuesto de 1,4 millones de euros para el próximo ejercicio, con el objetivo de desempeñar tareas de inspección, restauración de la legalidad y sanción en materia de urbanismo y litoral.
Durante la sesión plenaria, la consellera insular de Territorio, Maria Lluïsa Dubon, destacó que a partir de ahora comienza una nueva etapa en la que se velará por la mejora del paisaje y del territorio, aunque el debate se centró principalmente en la discusión de dos enmiendas referidas al destino de las ganancias derivadas de las posibles multas por infracciones urbanísticas impuestas por la Agencia, y a la solicitud de un dictamen del Consell Consultiu para la aprobación del órgano.
En este sentido, el pleno aprobó, también con 17 votos a favor de PSIB, UM y Bloc, y 15 abstenciones del PP, una enmienda que modifica el apartado 3 del artículo 25 del reglamento, y que a partir de ahora establece que los ingresos obtenidos se destinarán a un fondo propio de la agencia para posteriormente ser invertidos "preferentemente" en la conservación y mejora de los valores medioambientales de los municipios adheridos.
Este fue uno de los aspectos criticados por los 'populares', quienes lamentaron que este apartado "no deje claro el destino de los ingresos", y reclamó que se especificase de qué forma se repartiría el fondo entre los municipios. A este respecto, Dubon respondió que la agencia "no nace para hacer ingresos", pese a que si se producen beneficios, revertirán en la mejora paisajística de los municipios más perjudicados por la indisciplina, según puntualizó.
"Se debería haber hablado más con los alcaldes en este sentido", repuso la consellera del PP Antònia Perelló, quien aseveró que no existía ninguna necesidad de aprobar aún el nuevo órgano "ante los aspectos que restan por pulir". Pese a estas consideraciones, la consellera de Territorio manifestó que hasta la aprobación definitiva de la agencia se ha producido "el máximo consenso", al tiempo que destacó que a partir de enero los ayuntamientos "se quitarán de encima una losa, como es su responsabilidad técnica sobre la disciplina urbanística".
En concreto, se prevé al respecto interponer denuncias ante el Ministerio Fiscal de los hechos que se consideren objeto de delito, o de imponer sanciones a las personas responsables de las infracciones urbanísticas, entre otras funciones.
Asimismo, la misma enmienda modifica el artículo 13.1 de los estatutos, para que un representante, con voz pero sin voto, del ayuntamiento que haya delegado competencias, sólo intervendrá respecto a los expedientes de su municipio que deban someterse a acuerdo del consejo de dirección. También contempla la creación de una disposición transitoria cuarta a fin de que durante los tres primeros años la financiación de la agencia corra a cargo del Consell.
En cuanto a la segunda de las enmiendas, en este caso de adición y aprobada con 17 votos a favor y 15 en contra, señala que no se pedirá ningún dictamen al Consell Consultiu, en contra de lo acordado en pleno en la aprobación inicial de la agencia, debido a la "urgencia" en la constitución del nuevo ente, tal y como recalcó Dubon durante el debate. Sin embargo, desde el PP, Perelló consideró que la creación del órgano si debe pasar por la entidad consultiva.
Por su parte, el conseller del grupo socialista, Miquel Ramon, recalcó que ante la indisciplina urbanística hay municipios pequeños que no pueden hacer frente a esta problemática debido a la carencia de las herramientas necesarias, por lo que recalcó la importancia de ayudarles en este sentido.
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
Cabe destacar que la agencia, en cuya exposición pública recibió una única alegación por parte del alcalde de Marratxí, José Ramón Bauzà, estará integrada por la institución insular y los ayuntamientos de la isla, de modo que Consistorios y Consell trabajarán conjuntamente a través del órgano mediante la adhesión de los municipios al ente y la delegación de sus competencias de inspección urbanística a la administración supramunicipal.
Una Comisión de estudio se encargará de estudiar los posibles modelos de convenios que se establecerán con cada uno de los 53 municipios cuando estos deleguen sus competencias, de modo que cada uno de ellos cuente con unas cláusulas distintas.
En relación a la composición del consejo de dirección, estará integrado por el presidente o presidenta, los vocales -que serán cuatro en representación de los Ayuntamientos que hayan delegado competencias, tres por parte de los grupos políticos diferentes al que pertenece la presidenta de la Institución supramunicipal, y cuatro técnicos del Consell, además de un representante de cada una de las asociaciones de los municipios.
