AMPL.- El IBAVI prevé construir 600 VPO en Can Domenge tras la decisión de Armengol de rescindir el contrato a la UTE

PALMA DE MALLORCA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, firmó hoy el decreto por el cual resuelve el contrato de compraventa del solar de Can Domenge a la UTE Sacresa-Ferrà Tur, después del incumplimiento de los plazos de construcción de las viviendas establecidos en el concurso que esta unión de empresas ganó en la pasada legislatura y por el que pagó 30 millones de euros.

En rueda de prensa, Armengol explicó que en caso de que la UTE acepte la rescisión del contrato, para lo cual tiene un plazo de un mes, el Consell debería solicitar un crédito extraordinario para devolver la cantidad que dicha UTE desembolsó para la compra del solar.

Sin embargo, el conseller insular de Economía, Antoni Alemany, explicó, al término de la rueda de prensa, que la Institución Insular está cerrando un acuerdo político con la Conselleria de Vivienda para que sea el IBAVI el que adquiera el solar y construya en él más de 600 VPO, algo que ya habría sido aceptado por el propio presidente del Govern, Francesc Antich, y el conseller, Jaume Carbonero.

De esta manera, sería el Govern y no el Consell el que sufragaría el coste del solar, que volverá a manos de la administración de manera "inmediata", a no ser que la UTE decida presentar un recurso contencioso administrativo contra el Consell, "lo que retrasaría el proceso entre tres y cuatro años", explicó Alemany en declaraciones a Europa Press.

Armengol anunció que ante la relevancia de esta decisión ha decidido que la resolución del contrato se debatirá y se votará en el próximo Pleno del Consell de Mallorca, que se celebrará el 5 de febrero, ya que, según indicó, la anterior presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, también llevó a Pleno la adjudicación del solar a la UTE, que logró con los votos de su partido y del PP.

Según explicó Armengol, hoy mismo el Consell se pondrá en contacto con responsables de la UTE con el fin de intentar lograr un acuerdo lo "antes posible" de cara a evitar un proceso judicial que retrasaría la futura construcción de VPO en dicho solar palmesano. El Consell quiere que la UTE acepte la cifra de 30 millones de euros -sin ningún gravamen añadido-, y no prevé devolver a la empresa los 800.000 euros de aval que abonó.

Armengol detalló que ha tomado esta decisión, después de que la UTE solicitara al Consell una prórroga de los plazos para urbanizar Can Domenge, lo que provocó que la institución insular pidiera al catedrático Bartomeu Colom un informe sobre el posible incumplimiento del contrato, que fue emitido el 18 de diciembre de 2007, y que reveló que las empresas adjudicatarias incumplieron todos los plazos de edificación y urbanización.

Ante esta situación, el Consell reclamó al profesor de Derecho Civil Miquel Coca un informe sobre las consecuencias que podría tener el incumplimiento del contrato, que fue emitido el 23 de diciembre de 2007, y que concluía que la institución insular podía declarar la nulidad de la escritura pública, ejecutar el aval por el no cumplimiento de los plazos y resolver el contrato por incumplimiento definitivo.

De esta forma, Armengol precisó que ha decidido firmar el Decreto que anula el contrato y obliga a la UTE a devolver el solar al Consell de Mallorca, después de que estas empresas "no hayan cumplido las prescripciones por las que habían ganado el concurso de adjudicación de Can Domenge en el que se valoraba con 20 puntos el plazo de ejecución de la construcción y con 15 puntos el precio".

Así, dijo que tras firmarse el contrato de adjudicación el 19 de julio de 2006, "aún no han comenzado las obras", para cuya conclusión el concurso establecía un plazo de seis años. En este sentido, Alemany reveló a Europa Press que la UTE sólo contaba con licencia para la urbanización del solar, mientras que aún no disponía de licencia para la construcción de las viviendas.

La presidenta del Consell de Mallorca destacó que al Bloc le parece "muy bien" su decisión de rescindir el contrato a la UTE, mientras que, por otra parte, recalcó que entiende que también cuenta con el respaldo de UM, después de que esta formación le haya dicho que "respeta" su determinación de firmar el Decreto.

INDICIOS DE IRREGULARIDADES Finalmente, Armengol insistió en que su decisión de rescindir el contrato no está relacionada con la adjudicación del concurso a la citada UTE, proceso que está siendo investigado por la Justicia ante las posibles irregularidades que se cometieron y por las cuales ya ha declarado ante el juez en calidad de imputado el ex-conseller insular de Ordenación del Territorio y actual parlamentario del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens.

La investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el empresario catalán Josep Lluís Núñez i Navarro, que participó como licitante en 2006 en el concurso de los terrenos públicos de Can Domenge y resultó perdedor, a pesar de que ofreció por ellos el doble del precio máximo de tasación, fijado en 30 millones de euros. En la querella, Núñez i Navarro denuncia un presunto delito de malversación.

En el proceso están implicados otros 23 políticos, todos los consellers de PP y UM que avalaron la adjudicación en la pasada legislatura, mientras que el PSM y EU interpusieron un recurso contencioso administrativo al considerar que el proceso concursal fue ilegal y se trató de un "pelotazo urbanístico".