PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez que instruye el caso Son Oms, Juan Ignacio López Sola, remitió hoy un oficio al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para pedir que celebre una comparecencia en la que estudie adoptar una medida cautelar personal contra el portavoz de UM, Bartomeu Vicens, y que podría ser prisión, de acuerdo a la petición de la Fiscalía.
Se trata de la primera vez que un juez ordinario en Baleares ha pedido la adopción de una medida cautelar al TSJIB para un aforado, como es el caso de Vicens por ser diputado en el Parlament, después de que éste haya declarado en el juzgado de instrucción número 2 de Palma durante menos de una hora, hasta las 14.00 horas, sobre su implicación en el caso.
A la salida del interrogatorio, Vicens atendió a los numerosos medios de comunicación congregados para explicar que sólo ha contestado a preguntas de su abogado, Eduardo Valdivia, y no del fiscal anticorrupción, Juan Carrau, y que se le han retirado los cargos por tráfico de influencias y cohecho de los seis delitos que se le imputaban -junto a los de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación y contra la Hacienda pública-.
Asimismo y después de que ayer saliese a la luz que el dirigente 'uemita' dispone de una cuenta corriente abierta en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, Vicens apuntó que durante su declaración aclaró que se trata de acciones relativas a la compañía española Repsol. "Se trata de un tema empresarial y profesional que saldrá adelante", enfatizó el portavoz acerca de la causa que se investiga, eludiendo profundizar sobre su comparecencia ante el juez.
En cuanto a la decisión del TSJIB para la celebración de la comparecencia en la Sala de lo Civil y Penal de este órgano, fuentes judiciales afirmaron que la iniciativa será adoptada en un breve plazo de tiempo. Sin embargo, aseveraron que esto no significa que el juez de instrucción se inhiba ni se declare incompetente ante la causa, sino que al prever que la Fiscalía pide prisión para Vicens, es el TSJIB el que se reserva la potestad para procesar y encarcelarle por ser una persona aforada.
En este sentido, el artículo 44 del Estatut d'Autonomia de Baleares establece que la decisión sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio de cualquier diputado del Parlament recae sobre el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
También hoy fue el turno de comparecencia de la mujer de Vicens, Antònia Martorell, y la testaferro del matrimonio, Elisabeth Diéguez, quienes se acogieron a su derecho de no declarar. En concreto, el magistrado decretó prisión bajo fianza eludible de 40.000 euros para Martorell, así como libertad con cargos -retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional- para Diéguez.
Mientras tanto, mañana, un día después de la comparecencia de estos tres imputados, está previsto que sean interrogados el empresario y abogado Jaime Montis y el también miembro de UM y ex presidente del Parlament, Maximilià Morales. Y es que el Ministerio Fiscal investiga si Montis cobró comisiones de hasta el 15 por ciento a varios propietarios de fincas de la zona durante el proceso de recalificación del polígono.
CREACIÓN DE METALUMBA
Asimismo, la Fiscalía afirma que Vicens creó la sociedad Metalumba en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones, empresa que fue registrada a nombre de su esposa mientras que Elizabeth Diéguez fue designada administradora única. También asevera que Vicens recurrió al matrimonio formado por Diéguez y el directivo de comunicación Alfredo Conde, para recuperar gran parte de las multimillonarias comisiones que pactó en los noventa a cambio de la recalificación de Son Oms y que hasta hace poco obraban en manos de Montis.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado mes de mayo una querella criminal contra Vicens así como contra Morales y Montis. Mientras tanto, el juez decidió la semana pasada levantar el secreto del caso, días después de que se produjese el registro de las sedes de empresas presuntamente vinculadas a la trama así como de domicilios particulares de posibles testaferros.
