Publicado 01/02/2021 14:33

Baleares renovará el convenio con el Estado para dar continuidad a la Junta Arbitral de Consumo

Consell.- El Govern autoriza el margen de endeudamiento para 2021 por 1.551,54 millones
Consell.- El Govern autoriza el margen de endeudamiento para 2021 por 1.551,54 millones - CAIB

PALMA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este lunes renovar el convenio con el Ministerio de Consumo para dar continuidad a la Junta Arbitral de Consumo, a la que están adheridas 1.331 empresas de las Islas.

Desde su creación, la Junta ha resuelto más de 25.000 controversias, de las cuales más de 15.000 han sido por laudo y cerca de 10.000 por mediación, según ha informado la Conselleria.

La Junta Arbitral de Consumo de Baleares se constituyó el 22 de abril de 1994 y tiene como finalidad resolver las reclamaciones presentadas por los consumidores contra empresas o profesionales que aceptan resolver la controversia mediante arbitraje.

El convenio con el Estado determina que la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma, con sede en Palma, debe conocer con carácter prioritario de las reclamaciones de los consumidores de su ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos.

El Sistema Arbitral de Consumo es un procedimiento voluntario y gratuito para dilucidar las diferencias entre las partes de una manera rápida y sin formalidades excesivas.

Tanto en el caso de las empresas adheridas como en el caso de que se produzca la aceptación de un asunto concreto, la resolución de las controversias la llevan a cabo los llamados colegios arbitrales, que tienen una composición tripartita: un representante de la Administración, un representante de los consumidores y uno de los empresarios.

Sus resoluciones, los laudos, son vinculantes y ejecutivos y tienen el valor de cosa juzgada; es decir, que si alguna de las partes no está de acuerdo no puede someter los mismos hechos a los tribunales de justicia. Tampoco se puede apelar el laudo dictado, sólo se puede interponer un recurso de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia.