Cada trabajador de oficina de empleo en Baleares atendió a 968 usuarios en 2017, la mayor cifra del Estado, según AIRef

Publicado 12/06/2019 14:10:05CET
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El gasto medio por cada usuario en Baleares en 2017 fue de 36 euros

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cada trabajador de las oficinas de empleo en Baleares atendió en 2017 a un total de 968 usuarios, la mayor cifra del Estado y que casi duplica la media española que se sitúa en 562 usuarios por trabajador, según el tercer Estudio del Spending Review: Programas Políticas Activas de Empleo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef).

El estudio también revela que, sin embargo, el gasto por cada usuario en dicho año fue de 36 euros, la menor inversión del Estado, con una amplia distancia de la media estatal de 101 euros y del País Vasco, que lidera el ranking, con 466 euros.

En relación a los demandantes, las Islas fueron las tercera comunidad que más demandantes recibió por empleado de oficina en 2017 con un total de 1.271, solo rebasada por Castilla-La Mancha con 1.856 demandanes y Canarias, con 1.445. En total, se recibieron 1.253 por oficina.

Por lo que respecta a los gastos por demandante, Baleares registró una inversión de 27,77 euros, la penúltima peor cifra, frente a la media estatal de 44,59 euros y la del País Vasco, que sigue encabezando el ranking, con 97,62 euros.

En términos más generales, las Islas gastaron un total de 6.285.452 euros en oficinas de empleo, superando solo a Navarra con 4.367.717 y La Rioja con 1.740.776. De éstos, el 82 por ciento fueron destinados a personal, el 4 por ciento a inmuebles, el 9 por ciento a bienes y servicios, el 3 por ciento a bienes o servicios informáticos y el 1 por ciento a subministros.

Finalmente, el informe también muestra que la comunidad gastó un total de 49.168.828 euros en políticas activas de empleo, la tercera que menos destinó seguida de Navarra con 39.215.187 y de La Rioja con 12.011.665.

"AMPLIO MARGEN DE MEJORA" EN GOBERNANZA DE POLÍTICAS DE EMPLEO

A nivel estatal, AIRef constata un "amplio margen de mejora" en la gobernanza y la eficacia de los entre 6.100 y 6.500 millones de euros que calcula que se gastaron en España en políticas activas de empleo, ya que presentan "claras deficiencias" que cuestionan la calidad del gasto, por lo que propone implementar herramientas de perfilado, incorporar la evaluación como práctica habitual y diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales.

Además, aboga por revisar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y cuestiona el elevado porcentaje del gasto en este tipo de políticas que se destina a incentivos a la contratación (40%). Así se desprende del tercer estudio de la revisión del gasto público ('spending review') sobre los programas de políticas activas de empleo, que revela que "no es posible" conocer la cifra exacta del importe que se destina a las políticas activas de empleo, ante la complejidad administrativa, aunque estima una horquilla de entre 6.100 y 6.500 millones de euros.

El organismo apunta que con respecto al PIB España tiene un gasto similar a otros países de la UE, pero si se tiene en cuenta el número de desempleados, este gasto se reduce "significativamente" y además presenta una estructura "muy sesgada" hacia los incentivos a la contratación. En concreto, en torno al 40% del gasto en PAE se dirige a incentivos a la contratación, un 25% a formación, un 20% a otros, como creación de empleo público o apoyo al emprendimiento, y el 15% restante a orientación.

"No parece que los incentivos a la contratación sean las políticas activas de empleo más adecuadas", han avisado desde la AIReF, que recuerdan que en países como Alemania estos incentivos representan menos del 20% del gasto. En cambio, la Autoridad Fiscal considera que la orientación derivada de las PAE funciona "relativamente bien" y es la menos costosa, aunque sus efectos se constatan más en el medio plazo.

VE "CUESTIONABLE" EL SISTEMA DE SUBVENCIONES

Asimismo, la Autoridad Fiscal ve "bastante cuestionable" el sistema de subvenciones para formación, ya que al ser sin ánimo de lucro el proceso de gestión se caracteriza porque hay que acreditar ingresos, facturas y beneficios, que deben ir retornando a la Administración, pero si hay pérdidas lo asume el centro de formación.

Esto, asegura la AIReF, podría causar "incrementos artificiales" en el volumen o el importe de las facturas que se adjuntan, aunque se audita, y en conjunto genera "lentitud". La dificultad para estimar el gasto real de las PAE es a su vez el reflejo de la complejidad administrativa del sistema y de elevada "atomización" en la prestación de servicios, apunta el informe, que muestra que existen 709 oficinas de empleo, 22 centros de referencia de formación, 164 centros integrados de Formación Profesional y 14.000 centros habilitados.

En cuanto a la financiación de las PAE, concluye que no se puede saber exactamente el gasto destinado a estas políticas y alerta sobre la falta de una "adecuada coordinación" entre el SEPE y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial.

En detalle, constata que los objetivos del reparto de fondos a través de la Conferencia Sectorial no están claramente definidos y que en las últimas décadas han ido cambiando sin haber valorado su eficacia. La institución asegura que la trazabilidad del gasto es "insuficiente" para poder conocer los flujos de principio a fin y que lo criterios contables no están normalizados, lo que hace que España "se aleje de las mejores prácticas internacionales".