El decano del Colegio de Abogados cree que los detenidos por el derrumbe podrían enfrentarse a penas de hasta seis años

El decano del Colegio de Abogados de Baleares, Juan Font, aseveró hoy que los detenidos tras el derrumbe producido ayer en un edificio anexo al hotel Son Moll de Cala Ratjada (Mallorca) y que costó la vida a cuatro obreros, podrían enfrentarse a penas de entre cuatro y seis años de prisión si finalmente se demuestra que han incurrido en un delito de homicidio por imprudencia temeraria o contra la seguridad de los trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, Font puntualizó, no obstante, que aún debe comprobarse si el establecimiento, en el que se estaban realizando obras, contaba con licencia para llevar a cabo estos trabajos, si se habían adoptado medidas de seguridad y si el accidente era previsible dada la antigüedad del edificio. Tras ello, podrá confirmarse si se derivan responsabilidades penales del incidente.

"Responsabilidad civil la hay seguro, que supondrá indemnizar a los familiares de las víctimas, y sospecho que también penal", incidió el decano. Los arrestados son el arquitecto, el aparejador y el jefe de la obra de la reforma integral que se estaba acometiendo en el establecimiento adherido al hotel, propiedad de la empresa Serrano S.L.

En otro orden de cosas, Font, durante la tradicional Copa de Navidad celebrada en la sede de la institución colegial, reclamó a las Administraciones una "importante" inversión en medios materiales y humanos en el ámbito de la justicia, al lamentar que se ha visto "empeorada" a lo largo de 2008 respecto al año anterior, ya no sólo por el "estancamiento" de los órganos judiciales sino también debido al incremento de la litigiosidad y la huelga de funcionarios llevada a cabo entre febrero y marzo.

A ello se une el hecho de que, principalmente en el segundo semestre, se haya dejado notar en los juzgados la actual crisis económica a raíz de una "multitud" de reclamaciones y procedimientos concursales. "Reclamamos medios porque se trata de un servicio público tan necesario como la sanidad y cualquier otro", remarcó.

REFLEXIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

Según recalcó, esto se traduce en una "judicialización de problemas que antes no existían", al tiempo que exigió a la Administración pública una "importante reflexión" ante esta situación y que en Baleares, "que presume de ser una de las regiones más desarrolladas", la justicia "se coloque muy por encima de la que tenemos", manifestando a su vez que este ámbito "no puede basarse en el voluntarismo" de jueces, magistrados, fiscales y funcionarios.

Por último, se mostró "francamente satisfecho" por el acercamiento que se ha producido este año de la abogacía a los ciudadanos, pese a que "nunca estaremos todo lo cerca que querríamos". Font destacó que se ha avanzado "bastante" en este sentido gracias a las actividades colegiales, como las jornadas de puertas abiertas, "con muchas visitas de personas interesadas en asesorarse". Tal y como subrayó, desde el Colegio "primamos por encima de todo la abogacía preventiva y la consulta previa".

Junto al decano también estuvieron presentes en el acto los miembros de la Junta de de Gobierno del Colegio Rafael Gil, Catalina Rigo, Regina Vallés y Martín Aleñar.