MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha iniciado una investigación de oficio ante todas las administraciones educativas autonómicas y ante la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades sobre los sistemas de compra de libros de texto con cargo a los presupuestos públicos para su préstamo y reutilización por los alumnos.
Con esta iniciativa, Becerril pretende conocer las iniciativas, actuaciones o previsiones adoptadas por las administraciones educativas respecto a la puesta en marcha de programas orientados al establecimiento de sistemas de adquisición, préstamo y reutilización de libros de texto, bien sea directamente por la administración educativa o por los centros, o a través de las asociaciones de madres y padres de alumnos.
Asimismo, también cuestiona respecto a si las distintas administraciones han implantado otros modelos o mecanismos de apoyo a las familias en este ámbito.
"El objetivo es que de forma progresiva los centros escolares públicos o concertados establezcan un sistema de préstamos de libros de texto en virtud del cual los libros pertenezcan a la comunidad educativa y puedan ser prestados a los estudiantes en años sucesivos", ha explicado la institución en su boletín mensual.
En el año 1995 la oficina del Defensor del Pueblo ya inició una
intervención para conseguir que los libros de texto destinados a cursar estudios de carácter obligatorio fueran gratuitos, pues a su entender la gratuidad de la enseñanza en los niveles educativos obligatorios "es un derecho recogido por la Constitución".
Desde entonces ha realizado diferentes sugerencias para fomentar la convocatoria de ayudas a la adquisición de libros de texto. Con esta nueva investigación, la Defensora quiere conocer la evolución de estas ayudas desde el curso 2008-2009 hasta el actual.
