PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, recrimina que de manera evolutiva la instrucción del caso Nóos "se va rellenando con nuevos delitos a medida que el tiempo va pasando", vulnerándose con ello los derechos de defensa y de tutela judicial efectiva protegidos por la Constitución Española.
En su recurso contra la fianza civil de 8,2 millones de euros decretada por el juez instructor del caso Nóos, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa asegura que a medida que se va avanzando en la instrucción de estas pesquisas "se van buscando nuevos delitos: ahora el de tráfico de influencias [incorporado 'exnovo' en el auto por el que la semana pasada el juez decretó la caución], hace poco el de blanqueo de capitales y el fiscal".
"Esta defensa no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa", recrimina el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, quien considera que de esta forma se van asimismo orillando los principios de acusación y contradicción, básicos en el procedimiento penal.
Al hilo de lo anterior, el letrado se reafirma en las alegaciones que ya presentó contra la petición de la fianza por parte de la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias -ahora acordada por el magistrado-, recalcando cómo "ha repetido hasta la saciedad" que el yerno del Rey Don Juan Carlos "no se ocupaba de materias contables, fiscales, administrativas y por ello nunca ha podido aportar factura alguna".
Asimismo, considera en su escrito que la cantidad que de forma alternativa solicitaron el Ministerio Público y Manos Limpias, la de 5,9 millones de euros, "resultaría más equitativa", resultante de sumar los 795.665 euros obtenidos por el Instituto Nóos de Baleares en 2005 y los 646.526 percibidos en 2006; los 837.597 de Valencia en 2004, 1,1 millones en 2005 y 590.581 en 2006, así como los 380.000 euros por los Juegos Europeos, más la suma de un tercio de la cantidad global marcada por la Ley.
CONVENIOS "NO SUJETOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA"
Finalmente, la defensa insiste en las conclusiones del extenso dictamen jurídico que presentó recientemente ante el juez a fin de intentar avalar que los convenios rubricados por el Instituto Nóos con el Govern balear y la Generalitat Valenciana no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por los Ejecutivos autonómicos como contraprestación.
Responden así, según la defensa, a la legalidad vigente cuando se suscribieron. El dictamen, con 56 páginas y un minucioso análisis de los convenios investigados, fue entregado al instructor de las investigaciones, José Castro, junto a sus alegaciones contra la fianza civil solicitada entonces por las acusaciones.
