El estudio de capacidad de carga fija un techo recomendado de 120.000 vehículos en Menorca

   MENORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El estudio de capacidad de carga encargado por el Consell de Menorca fija un techo recomendado de 120.000 máximo de vehículos admisibles durante los meses de verano, de los que 86.023 corresponden a residentes, por lo que se deja un margen de entrada simultánea de 33.977 vehículos para visitantes y empresas, según han explicado este jueves el presidente de la institución, Adolfo Vilafranca, y el conseller insular de Movilidad, Juan Manuel Delgado.

   "Hemos asumido la responsabilidad de poner límites por primera vez, ya que somos conscientes de que Menorca es Reserva de Biosfera y debemos procurar un equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar de los menorquines", ha explicado el presidente.

   El documento parte de un análisis exhaustivo de la red viaria de Menorca, la evolución del tráfico desde 2010 y el uso creciente del vehículo privado, especialmente a partir de 2017. Durante los meses de verano, la isla alcanza valores cercanos a los 15.000 vehículos diarios en algunos puntos y agosto es, con diferencia, el periodo de máximo volumen. En concreto, el propone aplicar el sistema de regulación entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, aunque el periodo podrá ajustarse por parte del Consell según las necesidades.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CUOTAS DE ENTRADA?

   Las cuotas de entrada se distribuyen entre vehículos de uso particular (60 por ciento) y vehículos de actividades de alquiler sin conductor (40 por ciento), con una estimación del 80 por ciento para turismos, 20 por ciento para motos y una reserva limitada para autocaravanas condicionada a la disponibilidad de espacio en campings.

   "El estudio confronta todos los datos disponibles que influyen en la movilidad de forma transversal. A partir de estos datos, se orienta el techo de vehículos en la isla", ha indicado Francesc Xandri, director técnico de Cinesi, la empresa que ha elaborado el estudio de carga.

   El estudio propone que queden exentos de la regulación los vehículos de residentes, personas con movilidad reducida, empresas locales, servicios públicos y de interés general, así como vehículos con reserva en campings.

   Asimismo, plantea realizar el control mediante cámaras de lectura de matrículas instaladas en los puertos de Maó y Ciutadella y en puntos estratégicos de la red viaria, por lo que solo podrían circular vehículos autorizados, y los no registrados recibirían sanciones automáticas. Las empresas de alquiler tendrían que notificar la entrada y salida de vehículos, y se propone implantar un sistema informático para la gestión.

   El presidente ha destacado que el estudio elaborado por Cinesi supone un "paso adelante significativo" respecto al documento elaborado en 2023. Vilafranca ha apuntado que "ambos estudios difieren claramente en el enfoque y en la viabilidad de las medidas propuestas: la propuesta entregada en julio de 2023 se basaba en datos de 2022 y no fue recepcionada ni validada por los técnicos del Consell". "En cambio, el estudio de Cinesi incorpora datos actualizados de 2023 y 2024 y ha sido elaborado bajo la supervisión directa del departamento de Movilidad, hecho que garantiza su rigurosidad y alineación con las necesidades actuales de gestión", ha manifestado.

   Por su parte, Delgado ha remarcado que una de las diferencias más destacables de la propuesta presentada este jueves es que protege explícitamente a los residentes, que quedan exentos de cualquier cuota o restricción.

   "En cambio, el planteamiento de 2023 contemplaba reducciones de tráfico que también afectaban a la población residente, sin tener en cuenta sus necesidades de movilidad cotidiana. Queremos proteger a los menorquines, así como la actividad económica de la isla, al mismo tiempo que implementamos las medidas con una base sólida técnica y legal, sin improvisaciones y con soluciones adecuadas a la realidad de Menorca", ha expuesto el presidente.

   El conseller ha puntualizado que "la implantación del techo vehicular será progresiva e irá acompañada de medidas para fomentar el uso del transporte público".

   En este contexto, ha explicado que el siguiente paso tras el estudio es la tramitación de un reglamento, ya que como mínimo durará seis meses. "Tenemos una franja de actuación de entre 6 y 12 meses si incluimos toda la tramitación con los períodos de exposición pública. Este reglamento deberá tener en cuenta todos los escenarios: gestión de sanciones, techo máximo, cuotas de vehículos, etc. Y para que sea operativo será fundamental licitar el sistema informático", ha concluido Delgado.