El GOB celebra la admisión del recurso contra la Ley de Obtención de Suelo como "un paso más contra la especulación"

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha apuntado que la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley balear de Obtención de Suelo es "un paso más en defensa del territorio y contra la especulación urbanística".

De esta manera se ha pronunciado la entidad ecologista, que ha señalado que el Parlament estaría generando nuevos textos legislativos que "apuntan de manera reiterada hacia el suelo rústico", puesto que "repetidamente se intenta estructurar maneras de trasladar la presión urbanística hacia el campo de las islas".

En un comunicado, el GOB ha resaltado que la admisión a trámite de este nuevo recurso de inconstitucionalidad se suma al que también se encuentra ya en consideración del Tribunal Constitucional contra la Ley 7/2024, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de Baleares.

"A menudo estas intenciones se disfrazan con otras palabras, como querer simplificar los trámites administrativos --cuando en realidad se premia a los infractores urbanísticos--, ayudar los campesinos --pero dentro de la Ley Agraria se cambian numerosos criterios urbanísticos-- o, como es el caso de este recurso, facilitar viviendas cuando se promueven operaciones especulativas en rústico", han alegado.

Para el GOB, esta admisión a trámite es también una advertencia a los ayuntamientos porque han afirmado que, si el recurso prospera y se declara la inconstitucionalidad, serán los ayuntamientos los que "tendrán el problema con lo que hayan autorizado" y los que tendrán que "hacer frente a las presiones y reclamaciones de los promotores".

Los ecologistas han explicado que esta acción jurídica fue impulsada por diferentes entidades ciudadanas y cuenta con el apoyo formal de más de 50 diputados del PSOE, Sumar y Mixto y la implicación y trabajo de los correspondientes equipos jurídicos.

El Parlamento balear aprobó la Ley 4/2025, denominada de proyectos residenciales estratégicos, que permite la construcción de casas en suelo rústico sin dotación de servicios previos en municipios de más de 20.000 habitantes, así como en suelo urbano y urbanizable de más de 10.000 habitantes.

Estos proyectos podrán modificar las condiciones establecidas en los planeamientos municipales vigentes, "incrementan la densidad residencial" máxima prevista al planeamiento vigente y podrán tener un mayor coeficiente de edificabilidad.

"Esto puede implicar ignorar necesidades de prever aparcamiento, dotaciones de abastecimiento y otros aspectos básicos en el urbanismo. Además, las promociones urbanísticos acogidas a esta Ley se beneficiarán del silencio positivo", han subrayado.

Por eso, han destacado que el recurso de inconstitucionalidad, que el Tribunal ha admitido a trámite, se enmarca en un contexto de "defensa de los derechos fundamentales, del territorio y de la vivienda digna".

Desde el punto de vista territorial, el recurso señala que la norma "vulnera el principio de seguridad jurídica y altera la jerarquía normativa", al aprovechar mecanismos de decreto y régimen de excepción para "modificar repentinamente el planeamiento urbanístico y el suelo rústico".

También afectaría a la autonomía municipal e insular, en cuanto que "impone mecanismos que desdibujan la competencia de consistorios y Consells a favor de intervenciones externas y proyectos estratégicos decididos al nivel autonómico".

Otro de los elementos que han criticado es que "incumple la legislación básica estatal" en materias de urbanismo, medio ambiente y protección del suelo rústico, al establecer mecanismos de "silencio positivo" y "regularizaciones exprés que pueden ningunear los procesos de participación y de control ambiental".

Del mismo modo, han criticado "rebaja" de la protección del suelo rústico y vehicula una "amnistía encubierta" de actividades y edificaciones que "en condiciones ordinarias habrían sido declaradas ilegales, lo que crea desigualdad entre ciudadanos".