El GOB critica el decreto de Simplificación Administrativa al considerarlo un "impulso a la especulación"

PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El GOB Mallorca ha criticado las medidas planteadas en el decreto ley de Simplificación Administrativa al considerarlas una "intención de facilitar una nueva ola inversora" y de "impulso a la construcción y especulación en las Islas" en un contexto de "urgencia ecológica sin precedentes".

En un comunicado este martes, la entidad ecologista ha arremetido contra el Govern que, a su juicio, "no tiene en absoluto en cuenta" la crisis ecológica y climática global.

Desde el GOB han advertido de los efectos que puede implicar el decreto ley que prepara el Govern, que fue presentado este lunes, y lo han calificado de "retroceso en participación y en relación con el debate social existente favorable a la necesidad de implementar límites en la destrucción del territorio y los recursos".

También han hecho hincapié en "la necesidad de impulsar un cambio del actual modelo basado en el turismo, la construcción y el negocio especulativo inmobiliario sin límites". Según la entidad, es necesario avanzar hacia la transición ecológica y social y, el Govern, con este decreto, "hace un retroceso que puede llevar a un punto de no retorno".

De las medidas que incluye el decreto ley, las más "preocupantes", según el GOB, son la eliminación de la Comisión Balear de Medio Ambiente, la externalización de las licencias urbanísticas y la legalización de edificaciones en suelo rústico.

Así, en relación con la Comisión Balear de Medio Ambiente, han considerado que se trata de un órgano de "vital importancia" en Baleares que "supone la garantía mínima que se puede exigir en un contexto como el actual". Además, han destacado que ha supuesto "un largo camino hasta la implementación efectiva del ejercicio de sus competencias en materia de evaluación ambiental determinado por el marco obligatorio europeo".

"En tiempo de crisis ecológica y climática, sin precedentes a escala local y global, el Govern ataca un órgano colegiado e independiente, a pesar de que con una dirección política que garantiza la participación y acceso a la información no solo de proyectos urbanísticos, sino también de todas las planificaciones sectoriales y programas que tienen una elevada trascendencia desde el punto de vista de los impactos ambientales", han señalado.

En esta línea, han advertido que las consecuencias de la supresión de este órgano "pueden ser nefastas" desde el punto de vista de "laxitud en la exigencia de unas mínimas garantías ambientales" en planes, proyectos y programas.

En cuanto a la externalización de las licencias urbanísticas, han señalado que se trata de un "hecho sin precedentes" que puede "echar a perder" lo que implican los procesos de participación, acceso a la información, transparencia y garantías.

Por otra parte, han criticado la "voluntad de acelerar las inversiones y el ataque a lo que el Govern considera un exceso regulador". El decreto ley afectará a unas 50 leyes y decretos que, según han criticado desde el GOB, el Ejecutivo balear considera que "molestan".

Además, han afeado las intenciones del Govern en este sentido, puesto que, según el GOB, el decreto ley se enmarca en "un ejercicio sin precedentes de aplicación de políticas neoliberales respondiendo a constructores y sobre todo promotores inmobiliarios, que exigen celeridad para que el Govern abra las puertas a la liberalización, desregulación y pérdida de derechos colectivos".

"Todo esto, vía decreto ley, con una ausencia total de debate y de participación pública y de transparencia, y la consecuente pérdida de calidad democrática", han apostillado, calificando que el nuevo decreto es "al estilo Bauzá pero en un contexto agravado".

Igualmente, la entidad ha lamentado que Mallorca se encuentra "bajo la amenza de una estrategia política perversa dirigida a consolidar beneficios de unos pocos, pero poderosos colectivos y personas, a costa del territorio, el medio ambiente y el bienestar social".

En relación con la legalización de edificaciones en suelo rústico, desde el GOB han criticado que los principales efectos que tendrá serán "las ganancias especulativas para los infractores". En este contexto, han subrayado que podrán vender la finca con más facilidad y a un mayor precio, permitirá dar la propiedad en garantía de prestamos hipotecarios y, por lo tanto, acceder a financiación, y podrán hacer reformas, mejoras y ampliaciones.

Con todo, el GOB Mallorca ha solicitado una audiencia con urgencia a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que tendrá lugar el próximo jueves, 2 de mayo, a raíz de la sucesión de noticias que "apuntan hacia las políticas desreguladoras en materia de territorio y urbanismo".

"Una audiencia para abordar todas estas cuestiones y exigir el debate social que requieren medidas que afectan al territorio, agravando problemáticas actuales mayúsculas en materia social y ambiental que nos están abocando al colapso", han concluido.