PALMA, 31 (EUROPA PRESS)
El GOB ha denunciado ante la Comisión Europea las leyes de obtención de suelo y de simplificación administrativa aprobadas por el Govern al entender que suponen una vulneración del derecho ambiental europeo y la directiva marco del agua.
La denuncia, han informado diversas representantes de la entidad ecologista en una rueda de prensa celebrada este viernes, fue registrada formalmente a inicios de semana y va dirigida tanto contra el Ejecutivo autonómico como contra el Estado.
Con esta se completa la ofensiva judicial contra las leyes y decretos aprobados por el Ejecutivo autonómico de Marga Prohens que "atentan contra el territorio".
El GOB ya ha impulsado en los últimos meses dos recursos ante el Tribunal Constitucional y ha presentado otra denuncia ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, por sobre la Serra de Tramuntana.
"Es el último empujón, contundente y fuerte", ha explicado la portavoz del área de Territorio de la entidad ecologista, Margalida Ramis.
Muchos de los argumentos que han puesto sobre la mesa de la Comisión Europea, ha explicado, son los que ya han planteado en sus recursos de inconstitucionalidad pero adaptados a la vulneración de las directivas europeas, especialmente las relativas al agua.
"Es un recurso clave y fundamental, y que será estratégico para hacer frente a la crisis climática. Es por ello que pensamos que es un auténtico suicidio incidir en nuevos crecimientos cuando el agua no está ni siquiera garantizada", ha sostenido.
Ramis ha confiado en que esta denuncia ante la Comisión Europea acabe en una sanción tanto al Estado, en tanto garante del cumplimiento de las normativas europeas que tiene traspuestas, como a la comunidad autónoma.
"¿Qué puede pasar? Que la Unión Europea abra un trámite que puede ser que dure un año pero que nos abrirá una ventana de interlocución, porque seguramente nos pedirán más información. Y a partir de ahí podría ser que decidieran sancionar", ha indicado.
En una línea similar se ha expresado la jurista y miembro de la junta directiva del GOB, Francisca Mas, quien ha insistido en la necesidad de preservar los recursos hídricos y ha acusado al Govern de estar participando "en una carrera suicida".
"Está poniendo los principios de las ganancias y la especulación por encima de los principios de la vida. Parece que la excusa para todas estas medidas y planes es que tenemos un problema grave de vivienda, pero ignoran que hay miles que están vacías. Se están cargando la lógica a la hora de legislar", ha sentenciado.
CONSECUENCIAS EN DIFERIDO
Las representantes del GOB se han enfocado especialmente en el incumplimiento de la directiva europea y de la ley estatal en materia de agua por el hecho de permitir crecimientos residenciales sin la necesidad de que se acredite que los recursos hídricos serán suficientes.
También han advertido de la infracción de la normativa europea que establece la necesidad de realizar una evaluación ambiental estratégica, que deberían ser "proyecto a proyecto", antes de impulsar este tipo de desarrollos urbanísticos.
Además, siempre de acuerdo con los ecologistas, "excluye o rebaja" los informes perceptivos e "impone" la prevalencia de los proyectos residenciales estratégicos --la figura que crea la ley de obtención de suelo-- sobre los planeamientos urbanísticos o territoriales.
A todo ello se le suma el "desmantelamiento de la participación ciudadana" derivado de la utilización de la vía de urgencia, lo que vulnera el Convenio de Aarhus y dos directivas de la Comisión Europea "en tanto que omiten procesos de información", y de la legalización automática por silencio administrativo, que impide el acceso a la justicia ambiental y alimenta "la opacidad y la inseguridad jurídica".
Ramis ha vaticinado que las consecuencias de todas estas supuestas vulneraciones no se verán de forma inmediata sino en diferido, "lo que las hace más peligrosas todavía porque no hay una reacción popular inmediata".
ESPECIES EN PELIGRO
La portavoz del área de Conservación Marina de la entidad, Xisca Mesquida, ha puesto el foco sobre los peligros que estas leyes aprobadas por el Govern y convalidadas por el Parlament suponen para la flora, la fauna o los espacios protegidos.
Uno de los riesgos, ha puesto como ejemplo, es que se autorice la construcción en suelo rústico "sin evaluación ambiental", lo que derivará en la consolidación de edificaciones en zonas próximas a espacios protegidos "sin tener en cuenta el efecto sobre especies vulnerables".
"Vulneran la directiva de hábitats, que es de las normas más básicas del derecho ambiental europeo y que obliga a los estados a evaluar cualquier proyecto o ley que afecte a espacios naturales bajo la red Natura 2000", ha subrayado.
Mesquida ha aventurado que, vista la situación medioambiental en la que se encuentra Baleares en estos momentos, "muchas especies se pueden ver perjudicadas en el corto y largo plazo".