PALMA DE MALLORCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha advertido al PP de que si bloquea la tramitación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, tendrá que "justificarlo" ante el colectivo feminista, refiriéndose así al Consell de la Dona y a la Plataforma por la Igualdad, donde, según ha recordado, "hay representantes de grupos conservadores y de izquierdas".
En declaraciones a Europa Press, Santiago ha recalcado que estos colectivos que defienden los derechos de las mujeres están "enfadados" con el PP, después de que este partido les hubiera comunicado que tenía la "voluntad" de que la Ley de Igualdad se votara en el Pleno del Parlament, a pesar de que tenía la intención de abstenerse.
Sin embargo, Santiago ha criticado que los 'populares' han "cambiado de actitud", tras la entrada en el Parlament de su presidente, José Ramón Bauzá, ya que, en su opinión, pretenden bloquear la tramitación de esta normativa, con el fin de evitar que el Govern finalice la legislatura "diciendo que ha aprobado determinadas Leyes".
Precisamente, una veintena de integrantes de la Plataforma por la Igualdad se concentró este martes frente al Parlament, con el fin de exigir al PP que no "bloquee" la tramitación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, teniendo en cuenta que, a su juicio, es "urgente" que esta normativa se tramite en la Cámara antes de que acabe esta legislatura.
LA PONENCIA SE REÚNE ESTE JUEVES
"Si la Ley es buena, ¿qué más da quién la haya hecho?", se ha preguntado Santiago, quien ha recordado que, pese a que el Ejecutivo balear aprobó la Ley de Igualdad el 11 de junio, la presidenta de la Ponencia encargada de debatir las enmiendas parciales a esta normativa, la 'popular' Isabel Llinàs, no ha convocado este órgano hasta este jueves a las 16.30 horas, pese a que la Ponencia fue constituida el pasado mes de noviembre.
Santiago ha destacado que Llinàs ha tenido tiempo y espacio para convocar esta Ponencia, teniendo en cuenta que el pasado año no se celebraron las Comisiones para debatir los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2011, dado que el Govern decidió prorrogar los de 2010 ante la falta de acuerdo con UM y el PP.
En esta línea, ha asegurado que la Ley de Mediación Familiar, que fue aprobada por el Govern con posterioridad a la de Igualdad, se tramitó en el Parlament y fue aprobada hace cuatro semanas, "gracias a que la Ponencia estaba presidida por el diputado del Bloc Miquel Ángel Llauger, quien no bloqueó políticamente esta normativa".
"Esto demuestra que si hay voluntad, se puede aprobar la Ley de Igualdad a la que no se ha presentado ninguna enmienda a la totalidad, mientras que estamos dispuestos a asumir el 70 por ciento de las enmiendas parciales presentadas por el PP y UM", ha aseverado Santiago.
Por otra parte, ha negado las críticas de Llinàs, quien ha censurado que el Govern "no ha desarrollado ni un solo artículo de la Ley para la Mujer aprobada en 2006 y que hoy aún está vigente". En esta línea, la consellera de Asuntos Sociales ha destacado que durante esta legislatura, se han hecho campañas de sensibilización, mientras que en el Institut de la Dona se ha creado una unidad que estudia el impacto de género en las Leyes y Descretos del Ejecutivo".
"El problema de la Ley anterior es que sólo es una declaración de principios de igualdad, que no obliga al Govern a realizar acciones en un plazo determinado, mientras que en la nueva normativa se establecen obligaciones en cada artículo, de forma que, por ejemplo, establece la cifra de casas de acogida para mujeres que debe haber en Baleares, así como el número de plazas", ha explicado.
Por su parte, pese a la convocatoria de la Ponencia este jueves, Llinàs reconoció que desconoce si dará tiempo a tramitar la Ley para que pueda ser aprobada en uno de los cuatro Plenos del Parlament que quedan pendientes en esta legislatura, teniendo en cuenta, además, que "no será suficiente con una única reunión de la Ponencia, dado que se tienen que debatir las más de 30 enmiendas parciales presentadas tanto por el PP, como por UM".
VIOLENCIA ECONÓMICA
El Proyecto de Ley de Igualdad, aprobado por el Ejecutivo y que tiene siete títulos y 93 artículos, define el concepto de violencia económica como "la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos; o la discriminación a disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de la pareja".
Así, la normativa permitirá a las víctimas de esta violencia económica acceder a las mismas prestaciones y ayudas que las disponibles para las mujeres que sufren agresiones físicas o psicológicas, cosa que actualmente no pueden hacer. Además, prevé que un informe social que acredite que una mujer ha sido víctima de cualquier tipo de violencia machista será suficiente para que pueda percibir dichas ayudas, mientras que hasta ahora se debía presentar una denuncia y esperar una sentencia.
Otra novedad del Proyecto es que obliga a las administraciones públicas -Govern, Consells Insulars y ayuntamientos- a tener en sus órganos colegiados y de selección de personal una representación equilibrada de hombres y mujeres. El Govern entiende por representación equilibrada que cada sexo no supere el 60 por ciento ni sea inferior al 40 por ciento.
Asimismo, el texto marca que las administraciones públicas han de abstenerse de formalizar contratos con empresas que estén sancionadas administrativamente o condenadas por promover o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias para las mujeres. Esta abstención se mantendrá mientras dure el periodo de sanción o condena.
Otra de las disposiciones relativas a las mujeres maltratadas es la que les otorga más puntos, una vez haya sentencia judicial, a la hora de optar a un piso del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). Asimismo, el texto consolida el Consejo de Participación de las Mujeres y se reafirma la necesidad de mantener la existencia de un órgano autonómico, el Instituto Balear de la Mujer, como impulsor de las políticas de igualdad en la comunidad autónoma.
La Ley también garantiza una cobertura mínima de servicios que las administraciones deben mantener: una plaza en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia machista por cada 3.500 mujeres y un centro de información para cada 100.000 mujeres.
Finalmente, prevé la creación de la figura del Defensor de la Igualdad de Mujeres y Hombres, que será adjunta al Síndic de Greuges, que vigilará y recibirá quejas de todos los temas de igualdad referidos al ámbito privado.