La Infanta alega que los concejales de Valencia deberían personarse por separado como acusación popular

PALMA DE MALLORCA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Cristina ha recurrido la personación de los concejales del Grupo Municipal Socialista de Valencia como acusación particular colectiva, al alegar que no están legitimados para ello por no representar "ni a un Ayuntamiento ni a un partido político", sino que están ejerciendo esta acción a título individual, tal y como asevera en el recurso de apelación que ha interpuesto su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press.

A juicio de los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva, cada uno de los concejales personados debería ejercer la acción popular bajo una misma representación letrada, de conformidad con la Ley vigente y ante la "palmaria 'vis atractiva' de un proceso con la repercusión mediática" como sucede en el caso Nóos, "en el que van apareciendo a cuentagotas sucesivas personas o entidades interesadas en ejercer la acusación popular".

Y es que, según advierten los abogados, admitir "a estas alturas del procedimiento que cada ciudadano que desee personarse pueda actuar con su propia representación procesal y una dirección letrada autónoma, viola el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y representa un peligro serio de padecer retrasos indebidos en la tramitación de la causa".

Mediante su escrito de impugnación, la defensa de la hija del Rey Don Juan Carlos se adhiere al ya presentado por su marido, Iñaki Urdangarin, y recalca que los concejales socialistas no son titulares del bien jurídico afectado por los delitos contra la Administración pública, de modo que admitirles como acusación particular "constituye una vulneración de las normas que regulan el ejercicio de las acciones penales".

"No es el PSOE el que pretende su personación, y tampoco el Ayuntamiento de Valencia (...), sino que nos encontramos aquí ante varios concejales del Grupo Socialista de ese Ayuntamiento", inciden los letrados, amparándose en diversa jurisprudencia por el Tribunal Supremo.

Es más, en esta misma línea, la representación procesal de la Infanta alega que la acción popular "es individual -la ejerce el ciudadano-", de modo que "no cabe una acusación colectiva". De hecho, subraya cómo el Tribunal Constitucional ha sentado una doctrina en este sentido, que se ha mantenido "inalterada", según la cual "la única actuación "colectiva" posible como acusación en el procedimiento es la de la persona jurídica", lo que "no se extiende a los grupos sin personalidad jurídica".

De hecho, los abogados Roca y Silva apuntan que una entidad o agrupación sin personalidad jurídica "no sólo carece de capacidad para ejercer la acción popular, sino cualquier tipo de acción penal", por lo que "tampoco podría personarse como acusación particular colectiva", en contra de lo que han hecho los regidores valencianos. Asimismo, precisan que también la Ley de Enjuiciamiento Civil excluye expresamente la capacidad procesal de las entidades sin personalidad jurídica.

EL JUEZ CASTRO: "REPRESENTAN A UNA PARTE DE LOS CIUDADANOS AFECTADOS"

Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, admitió la personación del PSPV-PSOE del Consistorio levantino como acusación particular colectiva "en su doble condición de representantes de al menos una parte de los ciudadanos afectados" por un presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, y de "obligados a la defensa del correcto funcionamiento de la Corporación municipal".

Mediante un auto al que tuvo acceso Europa Press, el juez instructor aceptó de este modo tener por parte en el procedimiento a los concejales y miembros del Grupo Socialista, dándoles así legitimación para su "defensa judicial" ante su "responsabilidad de velar por la observancia de determinados valores que estiman conculcados".

Días antes, el portavoz de la formación municipal, Joan Calabuig, había anunciado la solicitud de personase con el objetivo de defender "los intereses y recursos de los valencianos" y pedir que se "restauren", al considerar que "se ha subvertido el funcionamiento de la administración y se han perdido recursos públicos de los valencianos".