La empresa estafadora, su administrador y otras dos personas están acusadas, las dos últimas por un delito de receptación
PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra el próximo lunes y martes (10.00 horas) el juicio contra un empresario, acusado de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de una mercantil para estafar a sus socios, a quienes engañó para quedarse con sus participaciones a cambio de pagarles sus deudas.
Según el escrito del fiscal, los hechos se remontan a 2015, cuando el administrador procesado tuvo conocimiento de que otra mercantil, que explotaba una pizzería en dos locales en Ciutadella, atravesaba serias dificultades económicas.
Por ello, el acusado diseñó un plan para hacer creer a los socios de la empresa perjudicada que si vendían la totalidad de las participaciones a la mercantil que él administraba se haría cargo de las deudas, tanto de la sociedad como de las personales de los socios.
Finalmente, consiguió convencer a las víctimas, cada una con el 50 por ciento de las participaciones, para que se las vendieran a la empresa del encausado y a él mismo. Así, el 16 de febrero de 2015 otorgaron escritura de compraventa ante un notario.
En esa misma, la parte compradora se hacía cargo y se comprometía a liquidar, en el plazo de un año, las deudas personales de las víctimas, que ascendían a 230.000 euros. El fiscal señala en este sentido que el procesado no tenía intención de hacerlo y a día de hoy todavía no se han pagado.
Además, el Ministerio Público sostiene también que el comprador, a través de la escritura, logró engañar a los socios a que cesaran como administradores, ignorando las víctimas la "trampa" del procesado, que quedó como administrador único --a nombre de su empresa--.
Cabe destacar que en el documento se estableció la obligación de no transmitir ninguno de los inmuebles propiedad de la mercantil estafada hasta pasados ocho meses del otorgamiento de la escritura.
Pese a ello, Fiscalía señala que el principal acusado transfirió una de las fincas a otra mercantil, resultando beneficiado su administrador, también acusado en esta causa por un delito de receptación ilegal por, presuntamente, conocer dicha prohibición.
Este último acusado, con la finalidad de evitar perder las fincas en caso de una eventual reclamación, las alquiló a una compañía por un periodo de 20 años, contados desde la fecha del contrato, sin que éste se inscribiese inicialmente en el registro, lo que se llevó a efecto el 13 de diciembre de 2016, una vez pasado el plazo pactado para la resolución de la condición. El administrador único de la arrendadora también ha sido acusado.
El fiscal pide a la primera mercantil una multa de 600.000 euros y para su administrador y principal acusado, tres años y seis meses de cárcel, así como una multa de 2.700 euros.
Para los otros dos procesados, Fiscalía pide un año y tres meses de cárcel.
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