PALMA DE MALLORCA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de instrucción número 4 de Inca ha acordado abrir diligencias previas contra Caja Rural para esclarecer si ésta ha incurrido en un delito de estafa procesal en grado de tentativa al ejecutar hipotecas concedidas "fraudulentamente" por la entidad a varios jóvenes a los que utilizó de testaferros para lucrarse "ilícitamente".
Así lo recoge el Auto emitido por este juzgado el pasado 12 de diciembre de 2007, y al que tuvo acceso Europa Press, en el que resuelve iniciar diligencias previas contra la entidad al constatar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de "un delito de estafa, al estar basado en un negocio simulado conocido por la entidad financiera".
La querella, admitida a trámite por el referido Auto, y a la que también tuvo acceso esta agencia, denuncia la existencia de una "confabulación" entre el director general de Caja Rural en Muro, David P. C., con un agente colaborador de la entidad, Guillermo A. M., a fin de lucrarse de forma "ilícita" a costa de Caja Rural.
Para ello, ambos captaron a una treintena de jóvenes de 18 o 19 años con escasa formación cultural y bajo nivel económico, a los que propusieron "figurar" como titulares de una hipoteca "falsa" a cambio de no más de 1.500 euros. Estos jóvenes no tenían ninguna constancia del negocio, ni de la ilegalidad del mismo, y su letrado -Antonio Martínez, del Bufete Coca (Palma)-, sostiene que fueron víctimas de los empleados del Banco.
Uno de los jóvenes víctima de esta presunta estafa, José Maria Martín González, suscribió ante Notaría el pasado mes de octubre de 2003 la compraventa de un inmueble y la subsiguiente constitución de un crédito hipotecario, cuyo importe nunca llegó a percibir. Descubierta la trama, éste interpuso denuncia ante la Jefatura de Policía, lo que llevó al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional a detener a ambos empleados. El caso fue instruido por el Juzgado de instrucción número 8 de Palma, que inició asimismo diligencias previas.
A raíz de la trascendencia mediática del caso y tras hacerse evidente la gravedad de los hechos, Caja Rural admitió la "simulación" y falsedad de la hipoteca, por la que José María Martín presuntamente percibió la cantidad de 143.000 en calidad de préstamo, algo que nunca ocurrió.
CAJA RURAL EJECUTA LA HIPOTECA, PESE A SABER QUE ES FALSA
No obstante, llegados a este punto y a sabiendas de la falsedad de éste y otros préstamos, Caja Rural procedió a la ejecución de la hipoteca, solicitando a Martín el apremio de bienes personales a fin de que pague un crédito que asciende a 48.776 euros y unos interesos de demora de 74.232 euros.
Sin embargo, la justicia volvió a pronunciarse de forma desfavorable para la entidad, y el pasado 12 de mayo de 2006 el juzgado de primera instancia de Manacor acordó la suspensión de la ejecución de la hipoteca al entender que se ha imputado al ejecutado la participación en un "negocio simulado" de otorgamiento de escrituras de hipoteca a cambio de una "pequeña cantidad de dinero", crenado con ello un negocio "totalmente ficticio al que eran (él y otros jóvenes) totalmente ajenos".
El dictamen del juez fue confirmado el pasado mes de febrero de 2007 por un Auto de la Audiencia Provincinal de Palma, contra el que no cabe recurso alguno, que desestima el recurso presentado por Caja Rural y "confirma" la suspensión de la ejecución de la hipoteca por parte de Caja Rural.
El Auto de la Audiencia Provincial argumenta que pese a que fue la propia entidad la que denunció las operaciones bancarias fraudulentas, en las que alegó ser "perjudicada", pasa ahora "chocantemente" a instar la ejecución de la citada hipoteca. El texto judicial resuelve por ello la suspensión del proceso hipotecario hasta el cierre de la investigación penal.
