Archivo - Fachada del Consell de Mallorca, en la calle Palau Reial. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
MÉS per Mallorca ha calificado como "maquillaje" las medidas impulsadas por el Consell para combatir la oferta ilegal, mientras que el PSIB ha asegurado que las medidas de Lloren Galmés son un conjunto de iniciativas derivadas de la anterior legislatura.
En sendas notas de prensa, las formaciones se han referido de este modo a las resultados expuestos este miércoles por la institución insular derivados del plan para luchar contra la oferta turística ilegal.
En este sentido, el portavoz de MÉS per Mallorca en la institución insular, Jaume Alzamora, ha afirmado que el plan es un "paso atrás" en las políticas de control y erradicación de la actividad turística ilegal. Ha remarcado que el plan demuestra la falta de "voluntad real" para combatir la oferta ilegal.
Alzamora ha criticado la suspensión del proyecto impulsado de manera conjunta con la Universitat de les Illes Balears (UIB) consistente en visitar 20.000 pisos sospechosos de practicar el alquiler vacacional a Palma, donde está prohibido.
Según el portavoz ecosoberanista, el anuncio de paralizar este proyecto "demuestra una vez más que el PP quiere dilatar una solución".
Para Alzamora, fiar la localización de pisos turísticos ilegales con el cruce de datos con el Govern y la Agencia Tributaria no dará resultados.
"Pretenden detectar una actividad ilegal a partir de datos fiscales que de por sí los infractores esconden por el hecho de ser ilegales. No tiene sentido", ha afirmado.
Respecto a las actuaciones ejecutadas y las sanciones impuestas, Alzamora ha hecho énfasis en recordar que la gran mayoría de ellas corresponden al primer semestre cuando el anterior equipo de gobierno incrementó la plantilla de inspectores.
MEDIDAS DE LA ANTERIOR LEGISLATURA
Por su parte, la portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, ha afirmado que las medidas "son humo o ya estaban en marcha la pasada legislatura".
Sobre el cruce de datos fiscales con el censo de establecimientos turísticas, la socialista ha afirmado que es una medida "insuficiente", porque los datos de la Agencia Tributaria de Baleares son en exclusiva para particulares o empresas que han liquidado el ITS, pero no para los datos fiscales generales, que no pueden ser utilizados legalmente para otro menester. Para usar estos datos sería necesaria una reforma legislativa que lo habilitara.
Cladera se ha referido igualmente al cierre de establecimientos turísticos ilegales, que requiere también una habilitación legal.
Al mismo tiempo, la líder de los socialistas de Mallorca ha valorado negativamente que en los 100 primeros días de legislatura, los servicios del Consell de Mallorca hayan reducido su capacidad de inspección y de levantamiento de actas de infracción, así como que se haya eliminado el convenio con la UIB que tenía que permitir la geolocalización de cerca de 20.000 viviendas destinadas al alquiler vacacional ilegal.
Según Cladera, desde julio no se ha hecho ningún nuevo operativo conjunto entre Consell y fuerzas policiales sobre detección de irregularidades en el vacacional o en la oferta complementaria por el cumplimiento de la ley de excesos. "Se llama que queremos perseguir oferta ilegal, pero después vemos cómo favorecen la barra libre", ha afirmado Cladera.