La Oficina de la Defensora de Palma cierra 2021 con 525 expedientes trabajados

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de la Defensora cierra 2021 con un total de 525 expedientes trabajados, 69 relacionados con una posible vulneración de los derechos de la ciudadanía por parte del Ayuntamiento de Palma, 16 de competencia del Defensor del Pueblo y 356 de gestión en primera instancia.

Según ha explicado la oficina este jueves en nota de prensa, 2021 ha sido "un año complejo", en el que la tipología de expedientes "sigue siendo muy diversa", siendo las áreas con servicios finalistas las más destacadas, como Emaya, Policía Local o Sanidad, junto a las que dependen de permisos o licencias, como Modelo de Ciudad o Movilidad.

Con todo, aunque han destacado que "los tiempos de resolución de los expedientes han mejorado", también han manifestado que "los que continúan abiertos de un año para otro ponen de relieve la necesidad de un enfoque transversal y cooperativo de las soluciones por parte de las diferentes áreas".

Sobre estos, suelen ser casos "más complejos" en los que intervienen dos o más departamentos, como son, según han ejemplificado, los relativos a plazas, ruidos o espacios de distintas titularidades públicas.

En cuanto a los canales de acceso a la Oficina, "en estos tiempos de pandemia y por la mayor facilidad de acceso de la ciudadanía a los medios digitales, se ha observado que por primera vez Internet supera a la cita presencial".

Por otro lado, a lo largo de 2021, se ha tenido que recurrir a dos recomendaciones, con el objetivo de señalar aspectos de mejora de la administración municipal en relación a una "vulneración clara" de los derechos de la ciudadanía.

CONCLUSIONES DE LA OFICINA

La entidad ha concluido que la digitalización de las gestiones ha significado "un avance positivo y necesario", pero "se debe defender con firmeza el derecho de la ciudadanía de acceder a todos los servicios también presencialmente".

En este sentido, han lamentado que la brecha digital "está discriminando a colectivos y a generaciones enteras, provocando una situación de indefensión, a veces con consecuencias muy graves".

Asimismo, han considerado que la ciudadanía "se desespera porque no entiende el lenguaje de la administración y desconoce la gestión competencial del Ayuntamiento".