El Parlament rechaza la enmienda del PP para pedir la retirada de la Ley de Servicios Sociales

PALMA DE MALLORCA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament rechazó hoy, con 28 votos a favor del PP y 29 en contra de PSIB, Bloc y Grupo Mixto, la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Servicios Sociales presentada por los 'populares', quienes pidieron su retirada al subrayar que la normativa no concreta los servicios específicos a disposición de la población y debe adjuntar una memoria económica que haga posible evaluar la viabilidad de la aplicación de la Ley.

Durante la defensa de la corrección, el diputado del PP Antoni Serra recriminó que el texto de la norma deje los servicios específicos en manos de un futuro decreto de cartera de servicios, lo que supone "firmar un cheque en blanco a la voluntad del actual Govern y de los futuros", por lo que consideró que la propuesta de Ley debía incluir un anexo con una propuesta de servicios mínimos y atenciones a incluir en una futura cartera de servicios.

Otro de los puntos contemplados en la enmienda instaba a una "mayor clarificación" en torno a las competencias de las Administraciones para "ayudar a mejorar la burocracia que generan los servicios sociales", además de considerar "imprescindible" hacer una apuesta para abrir la puerta a la descentralización de esta materia en cada isla y favorecer la cesión de las competencias de servicios sociales a los ayuntamientos.

Mientras tanto, el diputado socialista Miquel Àngel Coll consideró "injustificada" la enmienda presentada por el PP después de que cuente con el informe favorable del Consell Econòmic i Social y ha sido expuesta al sector. Tal y como incidió, mediante esta norma se establecerá "con convicción" el incremento de los derechos de los ciudadanos y su acceso a los servicios sociales. "Es la hora de garantizar derechos", espetó.

Por su parte, el diputado del Bloc Miquel Àngel Llauger destacó que esta Ley moderniza los servicios sociales, entre otros aspectos, y realizada "con diálogo y voluntad de consenso". "Tenemos la confianza de que será bien recibida por los sectores implicadas", añadió el parlamentario nacionalista.

En esta misma línea, la parlamentaria del Grupo Mixto Marian Suárez expresó su apoyo a la normativa porque "es un compromiso del Pacte y una Ley necesaria que se adapta a los cambios y exigencias de la sociedad".

En este sentido, destacó que hay en la actualidad mayores niveles de exigencia, al tiempo que resaltó que mejorará la calidad de los servicios, reforzará el papel de los profesionales y regulará la iniciativa privada, además de garantizar su financiación, y consensuada entre las administraciones competentes en esta materia. Asimismo, indició que seguirá su tramitación parlamentaria, aunque se comprometió a estudiar las enmiendas parciales que contemple presentar el PP.

En concreto, la futura Ley de Servicios Sociales de las Islas Baleares, que modifica la normativa de 1987, incluye una Cartera de servicios en la que se establece como obligación el alojamiento, la alimentación y el vestido de todas las personas que residen en la comunidad autónoma. Uno de los principales objetivos del proyecto es garantizar el derecho a que "nadie pase hambre".

CARTERA DE SERVICIOS

Además, la iniciativa plantea la aprobación de un decreto en el que se define una Cartera de Servicios sociales que determinará los derechos subjetivos que podrá reclamar cualquier ciudadano y que, de no cumplirse, podrán ser reclamados en los tribunales.

Esta cartera, que se elaborará en un plazo máximo de ocho meses, propone asimismo los ratios de asistencia social, de modo que cualquier persona que acceda a la red de servicios sociales disponga de un profesional de referencia.

La normativa establece asimismo mecanismos de coordinación y participación en los que estarán representados Govern, Consells y Ayuntamientos, de modo que cada institución marcará las prioridades de actuación en su ámbito.

Mientras tanto, en otro capítulo se establecen zonas básicas de atención de acuerdo con máximo de habitantes - con un reparto similar al de las zonas educativas o sanitarias-, mientras que otro apartado hace referencia a los derechos y deberes de los profesionales relativos a su formación y retribución, entre otros aspectos.