La oposición critica que la modificación genera inseguridad jurídica, indefensión y arbitrariedad
PALMA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament ha rechazado este martes las enmiendas a la totalidad de PP, Vox, Cs y El PI al proyecto de ley de modificación de la Ley para la Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental (LECO).
La oposición ha coincidido en las criticas a la arbitrariedad y a la inseguridad jurídica que, a su juicio, se derivan de la modificación. Las devoluciones de la modificación han sido rechazadas, sin embargo, con los votos en contra de los grupos del Pacte y el grupo Mixto.
El portavoz de El PI, Josep Meli, ha justificado la presentación de la enmienda a la totalidad por el alto grado de indeterminación y confusión, que "genera inseguridad jurídica".
Meli ha asegurado que la modificación es un "ataque flagrante" a la seguridad jurídica y que las indefiniciones dan pie a la arbitrariedad por parte de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio, "llegando incluso a la inconstitucionalidad".
El portavoz regionalista también ha criticado que se ataque a la simplificación administrativa y que se dificulten y compliquen los procedimientos, en contra de la dirección actual hacia la eficiencia de la administración pública.
También ha lamentado que se cambie el sentido del silencio administrativo de positivo a negativo. También ha criticado la falta de participación.
Por su parte, el diputado del PP Javier Bonet ha reclamado la devolución del proyecto de ley porque, a pesar de ser una modificación técnica, "esconde carga política e ideológica".
Bonet ha asegurado que la modificación no fija ninguna mejora respecto al texto en vigor, impulsado por el PP, y que muchos de sus preceptos son fruto de la discrecionalidad y la subjetividad y que no se han consultado con los sectores afectados.
El diputado del PP ha criticado, en línea con el portavoz regionalista, la invasión de competencias que pueden derivarse de la ley. Además, ha apuntado, incorpora conceptos indeterminados que quedan a la interpretación del legislador de turno. "No hay peor ley que la crea inseguridad jurídica", ha añadido.
El diputado del PP ha advertido que la modificación puede acabar aprobada por una mínima mayoría lo que derivará en que sea derogada si cambia el gobierno.
Por parte de Vox, el diputado Sergio Rodríguez ha indicado que se trata de una modificación innecesaria porque la protección de los entornos naturales ya está garantizada por la legislación vigente.
Rodríguez ha asegurado que es un proyecto de ley "impreciso, confuso e indeterminado" que genera inseguridad jurídica y que deja las decisiones en manos de la subjetividad y la arbitrariedad.
"Podrían haber hecho un artículo único que dijera 'lo que le dé la gana conseller de turno'", ha apuntado.
En la misma línea, el diputado de Cs Jesús Méndez también ha señalado que es una modificación innecesaria ya que el texto vigente es "más claro. Según Cs, las modificaciones "confunden y tensionan" y crean un marco de incerteza e inseguridad.
El diputado de la formación liberal ha argumentado que por este motivo se ha registrado una "avalancha" de alegaciones, por la "prescindibilidad" de la modificación.
"Este inaceptable propuesta no debe abrirse camino en nuestro ordenamiento jurídico", ha concluido.
En una cuestión incidental tras las intervenciones de los portavoces, el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha negado que la modificación genere inseguridad jurídica al tiempo que ha negado que "la Conselleria pueda hacer lo que quiera".
Mir ha argumentado que la protección preventiva es sobre cuestiones avaladas por el Consell de Govern, no por el departamento.
En la misma línea, ha defendido la protección cautelar como "de sentido común" en el siglo XXI sobre cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente.
El conseller ha expresado su convencimiento de que la oposición "no se ha leído la ley" por sus alegatos genéricos contra la ley y por lo poco que han hablado de la ley más allá del argumento común de la inseguridad jurídica.
Dirigiéndose en concreto al diputado de Cs Jesús Méndez, ha criticado que se sitúe junto a PP y Vox en la "banalización y la ridiculización" de la protección del medio ambiente. "Esperaba más del debate", ha afirmado Mir.
En contra de las enmiendas a la totalidad se han posicionado, además de los grupos del Pacte, Més per Menorca y el diputado de GentxFormentera.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha expresado la necesidad de la modificación porque Baleares "es un territorio deteriorado" y ha criticado que se hayan presentado cuatro enmiendas a la totalidad "por oportunidad política".
Por parte de Unidas Podemos, el diputado Pablo Jiménez ha asegurado que no entiende que se hayan presentado enmiendas de devolución contra una norma que aspira a proteger el patrimonio natural y el paisaje.
El diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas ha argumentado que la LECO necesita una actualización porque, además de tener que adaptarse a las normas estatales y directivas europeas, el contexto económico, social y ambiental de 2002 no es el de 2006 y porque Baleares ya está sufriendo las consecuencias del cambio climático.
"Si creyeran en la protección del medio ambiente no habrían presentado enmiendas a la totalidad", ha afirmado Mas dirigiéndose a los grupos de la oposición.
El diputado del GxF-PSIB, Antonio Jesús Sanz, ha criticado el argumento de la "inseguridad jurídica" porque "lo que no quiere la oposición es precisamente que no haya seguridad jurídica para proteger el territorio".
El parlamentario del PSIB Dami Borrs ha argumentado el voto en contra de su grupo en el hecho de "la derecha quiere garantías de actividad humana sin control".
Borrs ha defendido la necesidad de revisar la ley para dotar al Govern de instrumentos para poder agilizar la preservación de los espacios naturales desde la legalidad en el actual contexto de emergencia climática.
MODIFICACIÓN DE LA LECO
El Consell de Govern aprobó el pasado mes de junio la modificación de la ley de espacios naturales y cuya principal novedad es que posibilitará suspender licencias y permisos para proteger los valores naturales de estos espacios.
La actualización, según explicaron, pretende conseguir varios objetivos principales. Por un lado, busca unificar, armonizar y simplificar el régimen jurídico aplicable al procedimiento de elaboración de los diferentes planes ambientales y de declaración de los espacios naturales protegidos, incorporando, además, los principios y directrices de la normativa de acceso a la información y participación pública en materia de medio ambiente.
En concreto, durante la tramitación de un plan de ordenación de los recursos naturales (PORN), de una zona de especial protección para las aves (ZEPA) o de un lugar de interés comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, se podrán suspender licencias municipales o detener la tramitación de planes urbanísticos con incidencia sobre el territorio.
Es decir, en el momento en que se empiece a tramitar cualquiera de estos procedimientos y hasta que se aprueben, no se puede otorgar ninguna autorización que permita alterar el medio sin un informe favorable. Hasta ahora, esta protección sólo se aplicaba a la tramitación de los planes de ordenación de recursos naturales,
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