El Parlament toma en consideración la reforma de la ley de puertos pactada por PP y Vox

PALMA, 30 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la toma en consideración de la reforma de la ley de puertos pactada por PP y Vox, con el PSIB insinuando que el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, tiene intereses directos en la norma, extremo que el conseller ha negado.

A grandes rasgos, la reforma legal pretende ampliar de 30 a 50 años las concesiones de los clubes náuticos de Baleares, en línea con la legislación estatal, respondiendo a una demanda histórica de la Federación de Clubes Náuticos y de los socios en las islas para un sector estratégico.

Las ampliaciones de las concesiones irán ligadas a mejoras en las instalaciones, en la seguridad y en las infraestructuras portuarias. Los grupos proponentes han señalado que la modificación protege a los pequeños clubes de Baleares, que cumplen una función social y deportiva, y que contribuyen a la innovación, a la sostenibilidad y a la transformación económica del archipiélago.

Por parte de los grupos proponentes, el diputado del PP Sebastià Mesquida ha defendido que la actual normativa necesita una "adecuación urgente" debido a los cambios grandes y significativos que ha experimentado el sector en los últimos años que ha dejado la normativa autonómica desfasada.

Mesquida ha recordado que el sector genera un canon que repercute en más de 53 millones de euros y que mueve hasta 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Por parte de Vox, Manuela Cañadas ha defendido la necesidad de la modificación "necesaria y eficaz tras años de desorden normativo, arbitrariedad y abandono". La portavoz de Vox ha acusado a la izquierda de "manipular concursos públicos" y de "criminalizar al sector".

La diputada ha asegurado que la modificación de la norma es el "modelo Vox", frente a la "obsesión intervencionista" de la izquierda y "decisiones políticas basadas en prejuicios". "Esta ley es una enmienda al modelo de concesiones que nos ha traído hasta aquí", ha indicado.

"Los clubes náuticos son una pieza clave del tejido económico, turístico y deportivo de nuestras islas. Esta reforma les devuelve la dignidad institucional que se les había arrebatado. Y lo hace no con palabras, sino con hechos, blindando sus derechos", ha añadido.

INTERESES DIRECTOS

El PSIB primero ha deslizado que se abstendría, pero finalmente ha votado en contra por las dudas que a su parecer genera el texto y en medio de acusaciones al conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, de tener intereses directos.

El diputado socialista Marc Pons ha preguntado si el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, tiene intereses directos en la reforma y que por eso la modificación no ha salido del Consell de Govern sino de un acuerdo entre PP y Vox.

"Si lo que digo no es cierto, el conseller tiene que subir aquí y decir que lo que digo no es cierto", ha señalado. El conseller ha recogido el guante y ha intervenido para negar las acusaciones y mostrarse dispuesto a facilitar toda la información necesaria.

Al margen de este cruce dialéctico, el socialista ha señalado que la reforma tiene cuestiones "que no gustan". Pons ha señalado que lo que más dudas genera es la ampliación de las concesiones a 50 años. "En el 2080 yo tendré 107 años, mi hija tendrá 76. Habrán pasado 14 gobierno. ¿Nosotros tenemos que decidir y garantizar derechos a empresas privadas coartando la limitación de la propia administración pública a la hora de tomar determinadas decisiones?", se ha preguntado, añadiendo que desde el punto de vista del discurso de la derecha liberal "tampoco tiene lógica".

Més per Menorca ha votado también en contra argumentando, por boca de su portavoz, Josep Castells, entre otras cuestiones, por la ampliación de las concesiones que, por definición, "tienen que ser por necesidad y por interés de la ciudadanía". Para Castells, la ley "consagra un modelo de opacidad" en el modelo de concesiones.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ya ha avanzando que durante la tramitación tratarán de reducir los plazos de las concesiones, que es una de las cuestiones que "más chirrían".

"La posibilidad de prolongar concesiones hasta 75 años es en la práctica que un bien público sea gestionado durante tres generaciones", ha indicado. Respecto a las acusaciones al conseller Lafuente, ha señalado que los ecosoberanistas "estarán atentos" a las informaciones que se den.

El diputado de Unidas Podemos José María García también ha considerado "errónea" la prolongación de las concesiones. "La memoria colectiva acaba olvidando que esa zona de gestión es realmente de dominio público", ha afirmado.

Han seguido el debate en la tribuna de invitados representantes de la Asociación de Clubes Náuticos y de la Asociación de Instalaciones Náuticas Deportivas.