El Parlament tumba la proposición de ley para regular las organizaciones de la sociedad civil

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha tumbado la proposición de ley impulsada por el Fòrum de la Societat Civil de la mano de los grupos de la izquierda para regular las organizaciones de la sociedad civil.

El PP y Vox han votado en contra de la toma en consideración del texto legislativo y han evitado así que continúe con su tramitación parlamentaria. El PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han votado a favor.

En líneas generales, esta proposición de ley tenía como objetivo establecer una definición de los diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil y crear un censo oficial de entidades que permita el acceso a ayudas y al reconocimiento público.

También la creación del Consejo de la Sociedad Civil de Baleares como un órgano de participación y asesoramiento en políticas públicas o el refuerzo del Observatorio de las Transiciones para hacer un seguimiento y análisis de datos relevantes sobre el impacto social, ambiental y económico aportado por las entidades.

La diputada socialista Mercedes Garrido ha sido la primera en defender la proposición de ley que, ha considerado, hubiese garantizado la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos que les incumben a través de las organizaciones.

Fortalecer a la sociedad civil, ha sostenido, "redunda" en la mejora de la calidad democrática. "Apoyar la tramitación de esta proposición es apoyar la democracia. ¿Dónde estará el PP? ¿Con Vox o con la democracia?", ha preguntado dirigiéndose a la bancada 'popular'.

Garrido, además, se ha cuestionado qué motivos tendría el PP para oponerse a la tramitación de esta ley habida cuenta de que, a su parecer, "no es más que la completación de la ley del tercer sector" pero abarcando más allá de las entidades sociales.

"La sinergia entre la administración y la sociedad civil ha conseguido el gran patrimonio material e inmaterial que hoy nos convierte en la comunidad que somos. Creo que tenemos una deuda con la sociedad civil organizada", ha sentenciado la socialista.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha argumentado su apoyo a esta iniciativa legislativa en el reconocimiento que el propio Estatut d'Autonomia hace de las organizaciones civiles y, por lo tanto, es una cuestión que va "más allá de las convicciones ideológicas de cada uno".

"Hay un grupo que no cree en el autogobierno, peor el resto en principios estábamos comprometidos con el Estatut como carta magna de nuestro autogobierno. Solo por eso pedimos que se admita a trámite", ha señalado.

El ecosoberanista se ha mostrado dispuesto a consensuar el texto durante su tramitación parlamentaria, algo con lo que ha considerado que las propias organizaciones estarían de acuerdo.

De no pasar este primer trámite y decaer, ha considerado, demostraría que existe "una voluntad de no ser controlados y no dar margen de reacción a la sociedad civil" por parte de la derecha.

"Si no se aprueba hoy se aprobará muy pronto", ha sentenciado Apesteguia dirigiéndose a los representantes de diversas organizaciones que han seguido el debate desde el salón de plenos de la Cámara autonómica.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha considerado que en la actualidad existe "un vacío muy importante" en lo que respecta a la regulación de estas organizaciones que, ha reivindicado, son "un indicador de calidad democrática".

"Si no sacamos adelante una ley como esta todas estas organizaciones dejan de tener un marco que regule sus relaciones con la administración. Es muy grande el precio que estamos pagando por no apoyar el asociacionismo participativo", ha advertido.

El diputado por Unidas Podemos, José María García, ha defendido el texto como una manera de "fomentar una sociedad fuerte, resiliente y equilibrada" para dotar a las organizaciones de "un marco legal estable que se adapte a sus necesidades y a su potencial transformador".

LA DERECHA, EN CONTRA

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha considerado que "amparada en palabras como sociedad civil, participación y diálogo" la proposición de ley "pretende transformar el asociacionismo en un instrumento de poder" y "colonizar el espacio cívico con una sola visión ideológica".

"Es cooptación, control puro y duro de la democracia y la sociedad. La sociedad civil auténtica no necesita permiso de los partidos y ni de los gobiernos para existir. No viven del BOIB sino de la energía de la gente", ha sostenido.

Cañadas ha señalado que, pese a no estar en contra de la colaboración de este tipo de organizaciones con la administración, la propuesta de la izquierda busca "servir como filtro ideológico y de acceso a los recursos".

La diputada del PP Cristina Gil, por último, ha alertado del "momento crítico de degradación de la calidad democrática institucional" y ha culpado de ello a un Gobierno de España que "ha arrasado con la confianza del ciudadano en el sistema".

El "contrapeso" a la "instrumentalización a la que muchos gobernantes están sometiendo a las instituciones", ha sostenido"; solo puede ser "una sociedad civil libre".

Eso, para la 'popular', "no se construye desde la regulación sino desde la libertad para actuar". "Una democracia fuerte no necesita poner límites a la sociedad civil sino todo lo contrario, no ponerle límites y escucharla", ha dicho.

Al contrario, ha sentenciado Gil, la proposición de ley debatida este martes "constriñe a la sociedad civil y controla sus principios, sus objetivos y sus actividades".

En un momento de su intervención, cuando repasaba la lista de órganos participativos constituidos en los diferentes departamentos del Govern, la bancada de la izquierda ha aplaudido de forma irónica y ha interrumpido a la diputada del PP.

"No sean tan participativos, por favor", ha dicho, también con ironía, el vicepresidente de primero de la Mesa del Parlament, Mauricio Rovira, para que el debate volviera a su cauce.