PP critica que la "incompetencia" del Gobierno y la "falta de interlocución" del Govern impiden el traspaso de Justicia

PALMA DE MALLORCA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Comunicación del PP balear, Miquel Ramis, criticó hoy que la "incompetencia" del Gobierno central y la "falta de interlocución" del Ejecutivo autonómico están dificultando la transferencia de las competencias de Justicia a las islas, al tiempo que exigió que éstas lleguen a Baleares "bien dotadas", en concreto por 80 millones, tal y como están cifradas.

Según recriminó en rueda de prensa, esta actitud por parte de ambos Ejecutivos provocan que el traspaso no se haga efectivo "ni por 52 millones de euros", cantidad que inicialmente Madrid y Baleares pusieron sobre la mesa para la transferencia de este ámbito.

Por otro lado, Ramis se refirió a la posibilidad de que el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, continúe en este cargo durante la nueva legislatura, lamentando que esto supone "premiar a quien no ha hecho bien su trabajo", en referencia a su gestión ante la huelga que están llevando a cabo desde hace casi dos meses los funcionarios de las Comunidades Autónomas con las competencias no transferidas, y también en relación al asesinato de la niña de Huelva Mari Luz Cortés.

En este sentido, consideró que esta situación se está traduciendo en momentos "realmente difíciles y tormentosos", comentando que sin justicia "difícilmente se puede sustentar la democracia". Así, se preguntó si las circunstancias por las que están pasando la justicia balear y española se debe a que el modelo está "caducado y obsoleto", o si son los gestores del sistema judicial "quienes están fallando".

"Se trata de un asunto de rabiosa actualidad política", aseveró Ramis, quien exigió que se aplique la normativa existente y se cambia "la obsoleta y que no está en consonancia con los tiempos que corren". Por último, lamentó que los tribunales estén "paralizados" y el Estado de derecho "sea puesto en cuestión", aunque comprendió que los ciudadanos tengan "dudas fundamentadas" al respecto.