El PSIB impulsa varias iniciativas para frenar la derogación de la ley de memoria democrática. - PSIB
PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSIB ha anunciado el impulso a varias iniciativas en distintas instituciones para tratar de frenar la derogación de la ley de memoria democrática.
El secretario de Nuevos Derechos, Cooperación y Migraciones de la formación, Omar Lamin, los consellers insulares Joan Ripoll y Beatriu Gamundí y el regidor socialista en el Ayuntamiento de Palma Francesc Dalmau, han presentado este miércoles frente al Muro de la Memoria del cementerio municipal de Palma la batería de iniciativas que pondrán en marcha.
Los socialistas, de este modo, presentarán una iniciativa parlamentaria, reclamarán la inauguración inmediata del Memorial de la Dignidad y la celebración de un acto civil de homenaje institucional, exigirán la publicación urgente de todos los estudios e informes elaborados dentro del IV Plan de Fosas y presentarán una moción en todos los ayuntamientos y en el Consell de Mallorca.
"El único pacto que Marga Prohens no ha cumplido es el que hizo con las izquierdas para mantener la ley de memoria", ha afirmado Lamin.
Para Ferrer, se trata de exigir que no se frenen los avances que se habían hecho en recuperación de la memoria democrática. "Hoy el PP es el rehén de Vox", ha añadido.
Dalmau, por su parte, ha denunciado que después de dos años y medio de mandato del alcalde Martínez, "se ha evidenciado que solo cumple con los poderosos e incumple con la sociedad civil".
FRENTE COMÚN
Los socialistas pretenden de este modo evitar que el relato de las víctimas sea borrado por intereses partidistas. "Derogar la norma rompe un compromiso público del PP y de la presidenta Prohens, que habían asegurado que no tocarían la norma después de la crisis política de diciembre de 2024, y supone un giro ideológico hacia el revisionismo y la negación de la dictadura, impuesto por Vox y asumido sin resistencia por el PP", han apuntado.
Para el PSIB, la derogación convierte la memoria de las víctimas en "moneda de cambio política", un hecho que han considerado "absolutamente inadmisible" en cualquier democracia madura y que destruye una política pública de trabajo conjunto entre instituciones, profesionales y sociedad civil que ha sido reconocida dentro y fuera de las Islas.
Si la ley finalmente se deroga, han alertado, se frenarán las exhumaciones y los procesos de identificación, se paralizará la recuperación de la verdad histórica y se generarán vacíos en la investigación.
También se desmantelarán programas educativos, dejando a los jóvenes sin herramientas para entender la historia y defender la democracia; los espacios de memoria quedarán abandonados, sin mantenimiento ni apoyo institucional.
"Las familias volverán a sentir que su dolor es invisible y Baleares dejará de ser un referente y se alineará con discursos que blanquean la dictadura y reescriben la historia", han concluido.