Educadoras de las 'escoletes' de gestión indirecta con representantes de la oposición en el Ayuntamiento de Palma. - PSIB, MÉS Y UP
PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
PSIB, MÉS per Palma y Unidas Podemos (UP) ha reclamado al Ayuntamiento de Palma que informe, periódicamente, del proceso de licitación de las 'escoletes' de gestión indirecta, los plazos previstos y que las actuaciones que se lleven a cabo se hagan "con la máxima celeridad".
Los partidos de la oposición han presentado una moción conjunta al Pleno del mes de octubre para defender a las trabajadoras de las 'escoletes' municipales de gestión indirecta de Palma en su reclamación de unas condiciones laborales y salariales dignas, según han explicado en un comunicado conjunto.
El motivo es que la nueva licitación del servicio "sigue sin adjudicarse", hecho que supone que "no se apliquen las mejoras salariales previstas en el nuevo contrato". Para los partidos de izquierdas, las pérdidas económicas que acumulan las trabajadoras "no pueden quedar sin respuesta por parte del Ayuntamiento".
Los representantes municipales han presentado esta iniciativa junto a las educadoras Cristina Martí --de la 'escoleta' de Son Ferriol--, Marga Pons --Son Espanyolet--, Encarna Giménez --Santa Cruz-- y Joana Jover --Son Fuster--.
Martí ha explicado que el Ayuntamiento tiene que "poner soluciones" a las trabajadoras, tiene que asumir "responsabilidades". "Las educadoras están desesperadas, no hay gente para sustituir, no hay plantilla educativa suficiente, hay niños con necesidades educativas especiales sin atender, las escuelas se caen y el Ayuntamiento no hace nada", ha alegado.
La educadora ha indicado que cobran 1.200 al mes y dejan de ganar 500, porque "no se cumple" el acuerdo firmado para aplicar una serie de complementos salariales cosa que sí sucedería en municipios como Alcúdia o Andratx.
"Es un grito de desesperación, las educadoras no pueden más. No se llega a final de mes, estamos a medidos de mes y hay trabajadoras que ya no tienen dinero", ha afirmado.
Martí ha recordado que han pedido tres reuniones para conocer en qué punto se encuentra el nuevo contrato y se han suspendido las tres, la última "en el último momento", por lo que ha acusado a la corporación local de "no ser transparentes".
La licitación publicada inicialmente tuvo que ser anulada en dos ocasiones por "errores en la tramitación". Posteriormente, se publicó un nuevo procedimiento el junio de 2026 y, cuando se preveía que pudiera culminar el septiembre, un recurso de una de las empresas licitadoras ha vuelto a paralizar el proceso. Las trabajadoras y sus representantes "desconocen" el contenido de este recurso y el estado real de su tramitación.
"No se cuestiona el derecho de las empresas a recorrer pero sí la carencia de transparencia de un Ayuntamiento que tiene que garantizar información sobre un servicio público municipal y sobre un proceso que afecta directamente las condiciones laborales de sus trabajadoras", han aseverado.
Para los partidos de la oposición, las trabajadoras no pueden pagar de su bolsillo los retrasos, los errores administrativos y las incidencias de una licitación que "no dependen de ellas". Cada mes de retraso implica que "no se aplican las mejoras salariales previstas" en el nuevo contrato.
"El servicio es público y la responsabilidad también lo es. El Ayuntamiento no puede limitarse a esperar la resolución del recurso, tiene que dar explicaciones, actuar con diligencia y buscar soluciones para que las consecuencias económicas de sus retrasos no recaigan sobre las trabajadoras", han subrayado.
Por todo esto, la moción insta el equipo de gobierno a publicar, con la "máxima transparencia" y "dentro de los límites legales", el contenido del recurso presentado contra la licitación de las 'escoletes', así como las resoluciones, informes y actuaciones que se produzcan durante su tramitación.
El texto exige que se estudien y habiliten todas las vías jurídicas, administrativas y presupuestarias que sean necesarias para compensar económicamente las pérdidas salariales que las trabajadoras sufren a partir de septiembre de 2026, como consecuencia del retraso en la entrada en vigor del nuevo contrato.
Por último, se pide que se dé cuenta al Pleno de las actuaciones realizadas, especialmente de la evolución del recurso, de la licitación y de las medidas adoptadas para evitar que sus retrasos repercuten sobre las trabajadoras.
