PALMA DE MALLORCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) - -
El candidato al Congreso de los Diputados de la coalición PSM-IV-ExM, Miquel Ensenya, propondrá la anulación de las retribuciones "abusivas" de los directivos de las cajas y bancos, al tratarse "de una actuación "insolidaria" que merece "una respuesta contundente" por parte de las Cortes general y del Gobierno de España.
La iniciativa que planteará, en forma de Proposición No de Ley, contempla entre otras medidas la anulación y exigencia de las devoluciones y de las indemnizaciones, pre-jubilaciones, rentas vitalicias anuales o cualquier otra remuneración que perciben los directivos o miembros de los consejos de administración de las cajas de ahorro intervenidas por el Banco de España, acogidas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
En concreto, Ensenya se ha referido, ante los medios de comunicación, a las millonarias indemnizaciones que han percibido cuatro ex altos cargos de Novacaixagalicia tras su salida de la entidad podrían ser revisadas por el FROB.
Para el candidato de la coalición nacionalista es necesaria esta regulación ante las sucesivas noticias sobre indemnizaciones y prejubilaciones percibidas por directivos de las cajas de ahorro, y que, según ha dicho, han provocado un "escándalo y alarma social". Al respecto, ha apuntado que entre los directivos de Navacaixagalicia se "han repartido" 23 millones de euros, los de Caja Madrid, 25 millones, los de la CAM, 13 millones y los de Caja Castilla La Mancha 6 millones.
Se trata de entidades, todas ellas, que han sido rescatadas con dinero público, ha remarcado el candidado nacionalista, al tiempo que ha indicado que "son cuestión legales, pero que no pueden ser de ninguna manera éticas ni morales", ha espetado.
En el caso de Novacaixagalicia las remuneraciones suponen el 23% de la aportación que el Banco de España ha realizado a la entidad, una situación "que no se puede tolerar en una época de crecimiento del paro y de crisis como la actual", ha concluido.
La propuesta legislativa que proponen elevar al Congreso apunta a que las entidades que, en el último ejercicio liquidado, hayan retribuido a alguno de sus directivos o miembros del consejo de administración, por cualquier concepto, en una cantidad superior a cuarenta veces el salario mínimo interprofesional, no puedan recibir ninguna ayuda pública durante el año siguiente.