El Tercer Sector de Baleares reclama retirar el acuerdo entre PP y Vox por considerar que vulnera derechos fundamentales

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tercer Sector Social de las Islas Baleares ha exigido la retirada del acuerdo alcanzado entre PP y Vox para la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025 al considerar que vulnera derechos fundamentales.

Según ha informado la asociación este viernes en rueda de prensa, este pacto incluye medidas "profundamente regresivas" que vulneran derechos fundamentales, fiscalizan la pobreza, criminalizan la migración y erosionan los fundamentos del sistema de cooperación y convivencia construido a lo largo de décadas mediante el esfuerzo y el consenso democrático.

Entre sus principales demandas, el Tercer Sector ha solicitado que se garantice la dignidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su condición personal, sociocultural o administrativa, y que las políticas públicas se diseñen desde una perspectiva de garantía de derechos. En este sentido, solicitan una reunión urgente con el PP para tratar las medidas.

La entidad ha recordado que los presupuestos deben responder a "las necesidades reales de los ciudadanos" y promover el "desarrollo económico, social y cultural de la comunidad". Sin embargo, el Tercer Sector Social de Baleares ha considerado que en su contenido se han cruzado "líneas rojas".

Uno de los principales motivos de rechazo es la mención a la lucha contra la inmigración irregular, que, según han denunciado, vuelve a poner el foco en las personas más vulnerables, omitiendo la perspectiva de derechos humanos a la que el Estado está obligado tras ratificar la Convención de las Naciones Unidas.

Asimismo, han criticado la medida que propone no acoger más menores migrantes procedentes de otras comunidades autónomas dentro del reparto estatal, recordando que, "independientemente de los posibles conflictos entre administraciones, existe una obligación tanto legal como humanitaria de atender a estos menores".

Por otro lado, han rechazado la decisión de no financiar nuevos centros de acogida para menores, advirtiendo que, al ingresarlos en centros ya por encima de su capacidad, se les niega un trato digno y una oportunidad de futuro.

A esto se suma el endurecimiento de las condiciones para acceder a ayudas y prestaciones, tanto para jóvenes extutelados como para beneficiarios de la Renta Social Garantizada, lo que califican de inaceptable al tratarse del último recurso para muchas personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, han expresado su preocupación por lo que han considerado un intento de desacreditar a las entidades que atienden a personas que llegan de forma irregular a las costas, acusándolas implícitamente de colaborar con redes de tráfico de seres humanos. Desde el Tercer Sector califican esta afirmación de injusta y alejada de la realidad, defendiendo la labor que estas organizaciones desarrollan desde hace décadas en favor de la justicia global, la defensa de la vida y la dignidad humana.

Por todo ello, han alertado sobre el riesgo de que este acuerdo promueva y refuerce un discurso xenófobo, aporofóbico y de odio entre la ciudadanía, responsabilizando de los problemas sociales actuales a personas vulnerables que, según han denunciado, no merecen este señalamiento ni ser tratadas como origen de dichos problemas.