PALMA DE MALLORCA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El exvicepresidente del Instituto Nóos Diego Torres, quien está siendo interrogado por el fiscal Pedro Horrach el juicio centrado en un presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través de la anterior entidad, ha manifestado ante el representante del Ministerio Público: "¿Cree que nos íbamos a saltar la legalidad para no ganar ni un euro? Esto es de locos".
Torres ha respondido de esta forma ante las incisivas preguntas formuladas por Horrach respecto a los proyectos para cuya organización fue contratado el Instituto por las Administraciones de Baleares y Comunidad Valenciana, y más en concreto en relación al pago de 54.520 euros, por parte del Govern balear, a la mercantil TNS Inteligente-Sofres por la adjudicación del servicio para el seguimiento del equipo ciclista Illes Balears-Banesto, y de otros 174.000 a Nóos Consultoría Estratégica en tres facturas por la oficina del proyecto.
El acusado ha llegado incluso a afirmar que no es abogado y que, por tanto, no entiende "de estos temas" al ser inquirido sobre cómo funcionaba la escuadra entonces liderada por José Manuel Echavarri y Eusebio Unzue. "No he visto una carrera ciclista en mi vida", ha incidido.
Cabe recordar que el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), también dependiente del Ejecutivo balear, abonó 116.566 euros a Nóos Consultoría -una de las mercantiles que integraban el entramado por el que Torres e Iñaki Urdangarin se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros públicos- por la elaboración del material promocional del Illes Balears-Banesto y la creación de la página web del equipo ciclista.
Sobre estos proyectos, los exaltos cargos de Baleares acusados coincidieron en señalar que los contratos con Urdangarin, por el importe y la materia, eran decididos de antemano por el expresidente del Govern Jaume Matas, también inculpado. "No entrábamos a valorar nada, todo nos venía acordado", señaló en su caso el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal.
Todos los subordinados de Matas le responsabilizaron así de las decisiones adoptadas a la hora de contratar con las entidades de Urdangarin y Torres a cambio de la puesta en marcha de diversos proyectos cuyo presupuesto -2,6 millones de euros en total procedentes de las arcas del Govern- nada tuvo que ver con el coste real -notablemente inferior- que supusieron.
