BRUSELAS, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Justicia de la Unión Europea han acordado este viernes sus líneas rojas para negociar reglas mínimas para el rastreo, identificación, congelación y decomiso de bienes en manos del crimen organizado, una reforma legislativa pensada también para poder confiscar propiedades a oligarcas rusos que ayudan en la invasión de Ucrania, ya que se castigará también a quien eluda las sanciones de la UE.
Con la posición negociadora de los Veintisiete fijada, el Consejo podrá abrir negociaciones con el Parlamento Europeo, colegislador, para avanzar en las nuevas normas que se podrán aplicar en casos de violación de las sanciones una vez que se haya adoptado otra directiva en curso de desarrollo para actualizar las definiciones de delitos penales en el marco de la UE.
Los ministros, de hecho, han cerrado también en su cita en Luxemburgo el mandato negociador que les permitirá negociar con la Eurocámara esa segunda norma para tipificar como delito en la UE la elusión de sanciones.
"Las sanciones son un instrumento crucial en el apoyo de la UE a Ucrania y en su lucha contra la invasión ilegal por parte de Rusia. Esta nueva ley hará más fácil investigar, perseguir y castigar la violación de estas medidas en toda la UE", ha destacado el ministro de Justicia sueco y presidente de turno del Consejo de la UE, Gunnar Strmme.
Con ello, las personas que se lucran haciendo negocios con personas o empresas incluidas en las listas de sancionados por la UE se expondrán a la confiscación de bienes, algo que también se podrá aplicar contra traficantes de seres humanos o los carteles de la droga.
Para salvar las dificultades de la confiscación de propiedades con orígen delictivo, por la complejidad en ocasiones de demostrar el vínculo con el criminal, la reforma contempla la incautación de bienes de origen no identificado siempre que un Tribunal dicte que hay relación con un crimen.
Además, las nuevas reglas también incluirán la obligación para los Estados miembro de garantizar que las administraciones que se ocupan de rastrear, congelar y administrar el dinero delictivo cuenten con personal cualificado y recursos financieros, técnicos y tecnológicos suficientes.
Otra de las novedades será dotar de más competencias a las oficinas de recuperación de activos con el objetivo de que las administraciones nacionales tengan los instrumentos necesarios para rastrear el dinero con raíces delictivas.
Además se fomentará la cooperación transfronteriza de estos departamentos y se deberá mejorar el intercambio de información y las autoridades deberán asegurar que estas oficinas tienen un acceso "directo e inmediato" a las bases de datos y registros nacionales relevantes.
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