BRUSELAS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los Gobiernos de la Unión Europea siguen divididos sobre la conveniencia de aplicar o no ya las nuevas sanciones económicas aprobadas contra Rusia, pero que todavía no han entrado en vigor, por su posible impacto en el alto el fuego en el este de Ucrania y continuarán este jueves las discusiones, según han explicado fuentes diplomáticas.
"El Coreper no ha podido acordar la fecha de aplicación de las sanciones", han explicado fuentes diplomáticas tras la reunión de los embajadores de los Veintiocho ante la UE.
Una "mayoría" de países cuestiona "la oportunidad de adoptar medidas ahora y que puedan afectar" al alto el fuego sobre el terreno, han explicado otras fuentes diplomáticas.
Finlandia, Eslovaquia y Chipre se mantienen entre los países más reacios a aplicar ya las nuevas sanciones pactadas, mientras que en el polo opuesto se sitúan Reino Unido y Polonia, que cuentan con el apoyo de Lituania y Suecia, según varias fuentes diplomáticas consultadas.
Los Veintiocho aprobaron formalmente el nuevo paquete de sanciones contra Rusia a nivel de embajadores el lunes pero acordaron retrasar unos días su publicación en el Diario Oficial de la UE y por tanto su aplicación para evaluar el cumplimiento del alto el fuego y el plan de paz sobre el terreno.
"Las sanciones una vez adoptadas se tienen que publicar. No se puede esperar mucho tiempo", han explicado fuentes diplomáticas de un país que cuestiona de hecho "la eficacia" de las sanciones, pero que respaldó el nuevo paquete para "mantener la unidad de la UE".
"Una posibilidad es publicar las sanciones el viernes y publicar otra decisión el mismo día para retrasar la entrada en vigor", han precisado las fuentes.
Lo que está claro es que se necesita una nueva decisión unánime de los Veintiocho para suspender definitivamente el nuevo paquete de sanciones adoptado el lunes, según han confirmado otras fuentes diplomáticas.
El nuevo paquete contempla restringir la financiación en los mercados de capitales europeos a las compañías de defensa y energía estatales o cuyos ingresos procedan en un 50% al menos de la venta de crudo o productos petroleros, según fuentes europeas. Estas incluyen Rosneft, Transneft y Gazprom Neft.
También contempla congelar los activos financieros y prohibir la entrada a la UE de otros 24 dirigentes rusos, incluidos oligarcas, y dirigentes de Crimea y Donbás.
