LONDRES, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha acusado al Gobierno de Reino Unido de desarrollar "un sistema judicial en la sombra" mediante su Ley de Prevención del Terrorismo que impone severas restricciones de los derechos individuales de los sospechosos de haber realizado actividades relacionadas con el terrorismo.
En el nuevo informe 'Cinco años después: es hora de acabar con el régimen de órdenes de control', la organización pide nuevamente al Gobierno británico que derogue la Ley de Prevención del Terrorismo de 2005 (PTA) y que abandone el uso de las órdenes de control que violan los derechos individuales de estar en libertad, de libertad de movimiento, de expresión, de asociación y a la intimidad.
"Las medidas usadas en virtud de la PTA han creado sistema judicial en la sombra paralelo, injusto y reservado para los individuos que son sospechosos de haber realizado actividades relacionadas con el terrorismo", afirmó el director del programa de AI para Europa y Asia central, Nicola Duckworth.
"El efecto del régimen de órdenes de control es que ha eludido el sistema ordinario de justicia penal para imponer severas restricciones a los derechos de los individuos", añadió.
Las órdenes de control han sido utilizadas como alternativa al procesamiento o a la deportación de presuntos terroristas que no han sido acusados de ningún delito penal, recoge el informe.
Entre estas restricciones se incluyen el arresto domiciliario, llevar una placa de identificación electrónica, la prohibición de contactar con otras personas o asistir a eventos públicos, limitaciones en el uso de las cuentas bancarias y restricciones en el ámbito laboral y académico, en viajes y en el uso del teléfono e Internet.
"Las ordenes de control, que son impuestas por el Ejecutivo con un escrutinio judicial limitado para juicios injustos, pueden provocar profundos efectos negativos en la vida de las personas sujetas a ellas y en sus familias", subrayó Duckworth.
"Los procedimientos secretos de los tribunales en los juicios sobre la orden de control minan el derecho del individuo a un juicio justo, y las restricciones que impone la orden de control sobre una persona puede equivaler a una privación de la libertad", concluyó.
La Oficina de Seguridad y Antiterrorista del Ministerio del Interior ha emprendido recientemente una "breve revisión" de las seis principales competencias de la ley antiterrorista, incluido el uso de las órdenes de control. AI ha instado al Gobierno de Reino Unido a que considere en dicha revisión la implicación de los Derechos Humanos.
"Reino Unido está en la obligación de prevenir los ataques y proteger a los ciudadanos pero las leyes antiterroristas deben proteger y respetar los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, en lugar de ponerlos en compromiso o erosionarlos, incluso cuando se recurre a la confidencialidad", recoge el comunicado de AI.
