Alemania.- El Gobierno alemán acuerda la regularización de 174.000 extranjeros a los que se denegó previamente asilo

Para quedarse en Alemania tendrán que encontrar un puesto de trabajo antes de 2009

BERLIN, 13 Mar. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Clara U. Molina) -

El Gobierno de coalición alemán acordó anoche la regularización de 174.000 extranjeros a quienes en su momento les fue denegada la solicitud de asilo, en lo que constituye un paso más por parte de Berlín en el camino iniciado desde 2005 hacia una ley general de inmigración. La única condición para tal normalización es que encuentren trabajo antes de año y medio.

El encuentro de ayer entre las diferentes fracciones de la gran coalición logró, tras tres horas y media de reunión, pulir diferencias y establecer las condiciones para la regularización de los miles de personas extranjeras que están en Alemania sin permiso de residencia.

Hasta ahora tal sector de la población había podido permanecer en territorio alemán por razones humanitarias puesto que si volvían a su país su vida corría peligro, de ahí el que el Gobierno alemán tolerara su permanencia dada la arriesgada situación en sus países de origen.

El acuerdo alcanzado por la coalición incluye a aquellas personas que ya lleven viviendo en Alemania un período superior a los seis años. El requisito imprescindible para que no se tengan que ir es que encuentren un puesto de trabajo antes de 2009.

Lo acordado anoche entre cristianos y socialdemócratas pasará a ser un proyecto de ley, tras someterse antes de las fiestas de Pascua al Consejo de Ministros alemán.

Durante la reunión, presidida por la canciller alemana, Angela Merkel, estuvieron también presentes el ministro de Interior, Wolfgang Schäuble (CDU), el vicecanciller, Franz Müntefering (SPD), y el jefe de la CSU, Edmund Stoiber.

El consenso alcanzado ayer logró superar las diferencias en la materia entre los dos bloques de la gran coalición así como entre el Gobierno federal y los de las diferentes regiones federadas. Los gobiernos regionales pretendían que la nueva reglamentación no supusiera costes extra para su economía.