Argentina aprueba una ley para que el Congreso decida sobre ventas de acciones del Estado en empresas

Actualizado 24/09/2015 5:56:58 CET

BUENOS AIRES, 24 Sep. (Reuters/EP) -

Diputados de Argentina han aprobado este miércoles una ley que dispone que las privatizaciones de activos del Estado deberán ser autorizadas por el Parlamento, un mes antes de unos comicios que llevarán al poder a un político más cercano a los mercados.

La saliente presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, había enviado en agosto el proyecto al Congreso, donde fue aprobado sin problemas por la mayoría oficialista, con 127 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones. El Gobierno de Fernández ha sido criticado por sus políticas intervencionistas en la economía.

Acciones de decenas de importantes compañías pasaron a manos públicas en el año 2008, cuando se estatalizaron por ley las administradoras privadas de jubilaciones y pensiones, que tenían en sus manos jugosas participaciones en empresas de diversos rubros.

"Estas participaciones (del Estado) involucran una presencia del Estado muy fuerte en temas como energía, gas, transporte, industria, distribución de comercio y bancos", ha explicado Roberto Feletti, diputado del partido gobernante.

La nueva ley busca dificultar --al requerir el voto favorable de dos terceras partes del Congreso-- la venta de participaciones que el Estado adquirió en decenas de empresas argentinas durante el mandato de Fernández, como Banco Galicia, la alimenticia Molinos Río de la Plata, la siderúrgica Siderar y el conglomerado de medios Clarín.

El candidato del oficialismo para los comicios generales del 25 de octubre, Daniel Scioli, ha ampliado en el último mes la distancia sobre sus principales rivales, lo que lo acerca un poco más a ganar en primera vuelta y evitar un balotaje que podría ser muy reñido.

Tanto Scioli como su mayor rival, el favorito de los mercados Mauricio Macri, son considerados políticos moderados y proclives a evitar las fuertes regulaciones que Fernández ha aplicado en sus ocho años de gestión y a las que también recurrió previamente su fallecido esposo Néstor Kirchner.

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