Archivo - Imagen de archivo de los rebeldes sirios en Alepo. - Anas Alkharboutli/dpa - Archivo
MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Siria ha iniciado este martes procedimientos contra varios sospechosos de los enfrentamientos registrados en marzo en la zona costera del país, que dejaron cerca de 1.500 muertos y protagonizados por las nuevas fuerzas de seguridad y supuestos seguidores del expresidente Bashar al Assad, quien huyó del país en diciembre de 2024 ante el avance hacia Damasco de yihadistas y rebeldes.
Los procedimientos, los primeros que tienen lugar desde la citada violencia, han arrancado en el Palacio de Justicia de Alepo con la presencia de catorce acusados, algunos de los cuales son sospechosos de pertenecer a grupos vinculados a Al Assad y otros son parte de las fuerzas de seguridad sirias creadas tras la caída del expresidente.
El juez que encabeza el proceso ha prometido que el juicio será "imparcial" y ha desvelado que los sospechosos --que ascienden a más de 560 en total-- están imputados por "sedición", "incitación a la guerra civil", "pertenencia a banda armada", "asesinato", "sabotaje" y "ataques contra las fuerzas de seguridad", según ha informado la cadena de televisión siria Syria TV.
Los enfrentamientos estallaron después de que grupos alineados con Al Assad lanzaran ataques contra las nuevas fuerzas de seguridad, tras lo que Damasco respondió con una contraofensiva que derivó en una serie de masacres de cientos de civiles de la minoría alauí, a la que pertenece el exmandatario y residente principalmente en las zonas que fueron epicentro de los combates.
La comisión de investigación creada por las autoridades determinó en julio que más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas durante estos incidentes, si bien subrayó que no había pruebas de que el Gobierno hubiera dado órdenes para que las fuerzas de seguridad atacaran a miembros de la comunidad alauí.
Sin embargo, la comisión de Naciones Unidas que investiga la situación en Siria concluyó en agosto que las fuerzas vinculadas al nuevo Gobierno y otros grupos afines pudieron haber cometido crímenes de guerra por la violencia "sistemática" ejercida durante los incidentes, incluidos casos de asesinatos, torturas, saqueos e incendios.