La Autoridad Palestina critica el plan para construir 296 viviendas cerca de Ramala

JERUSALÉN, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de la Autoridad Palestina ha criticado este jueves la aprobación por parte del Gobierno israelí de un plan para construir 296 unidades de vivienda en el asentamiento judío de Beit El, cerca de la localidad cisjordana de Ramala.

El portavoz presidencial, Nabil Abu Rudeineh, ha indicado que la decisión de Tel Aviv "es un intento de sabotear el proceso de paz y los esfuerzos en la región realizados por el Gobierno estadounidense", según ha informado la agencia estatal palestina de noticias, WAFA.

En este sentido, ha indicado que la decisión "es un mensaje al Ejecutivo estadounidense", al tiempo que ha resaltado que el Gobierno de Israel "pretende arrastrar la región a la violencia en lugar de abogar por la paz y la estabilidad".

El martes, la radio del Ejército israelí informó de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, había frenado el número de nuevos proyectos para la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania, en un intento por contribuir a los esfuerzos de Estados Unidos para reavivar las conversaciones de paz con los palestinos.

Sin embargo, horas después el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, afirmó que Israel no había notificado a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de cambio alguno en su actividad de construcción de asentamientos.

En enero, un equipo de investigadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos viola la Cuarta Convención de Ginebra y constituye un crimen de guerra que entraría en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Por ello, reclamó su suspensión "sin condiciones" y la "retirada inmediata" de los actuales asentamientos judíos. "Israel debe, en cumplimiento del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, poner fin a toda su política de asentamientos sin condiciones", se lee en el informe del equipo de investigación, presidido por la jueza francesa Christine Chanet.

Las Convenciones de Ginebra de 1949 prohíben el traslado de población civil a territorios ocupados y su contravención, recuerda el informe, podría considerarse crimen de guerra y entrar, por tanto, en las competencias del TPI.

Alrededor de 250 asentamientos judíos han sido establecidos en Cisjordania y Jerusalén Este desde su ocupación militar por parte de Israel en 1967, con una población estimada en ellos de 520.000 colonos, según el informe de la ONU. Estos asentamientos impiden a los palestinos el acceso a los recursos hidráulicos y a las tierras para uso agrícola, prosigue el documento.

El pasado mes de diciembre, Palestina acusó a Israel en una carta dirigida a Naciones Unidas de estar planificando nuevos "crímenes de guerra" mediante la expansión de los asentamientos.

Tras la decisión de la Asamblea General de reconocer a Palestina, Israel anunció la construcción de 3.000 nuevas viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este, dos territorios que deberían constituir, junto con la Franja de Gaza, el futuro Estado independiente palestino.