MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro interino egipcio, Hazem el Beblawi, ha afirmado este miércoles que las protestas celebradas durante la jornada anterior contra la nueva ley de manifestaciones "intentan destruir el camino democrático", al tiempo que ha asegurado que las fuerzas de seguridad intentaron proteger a los manifestantes con su actuación, a pesar de las denuncias por agresiones y acoso sexual contra los agentes.
La manifestación se saldó con la detención de al menos 52 personas. Las fuerzas de seguridad emplearon cañones de agua y gases lacrimógenos, mientras que varios activistas denunciaron agresiones, acoso sexual y haber sido liberados posteriormente en el desierto.
El Beblawi ha rechazado las críticas y ha indicado que la nueva legislación, que limita drásticamente el derecho de manifestación y reunión, tiene como objetivo "proteger el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión", según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.
"No existe una ley perfecta, pero hay canales para las conversaciones y los ajustes. Esta ley da seguridad a los manifestaciones, no es una ley punitiva", ha agregado, antes de abogar por castigar "a los que pongan en peligro la seguridad del Estado".
Este mismo miércoles, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ha expresado su "grave" preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad egipcias ante las últimas manifestaciones en el país.
Asimismo, se ha hecho eco de las reservas expresadas el martes por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, respecto a la aprobación por parte de la Presidencia egipcia de dicha legislación sobre manifestaciones.
En sus declaraciones, Pillay dijo que el mismo es "defectuoso", por lo que abogó por su enmienda o rechazo. "El hecho de que la legislación criminalice actos de los manifestantes que puedan romper 'la seguridad y el orden público' sin definir claramente esos términos deja la puerta abierta a una interpretación muy restrictiva y represiva", valoró.
"Nuestra principal preocupación son las provisiones sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y las sanciones excesivas, incluyendo multas masivas y sentencias de prisión", agregó.
Así, indicó que Egipto "es un país cuyo pueblo ha proclamado claramente, con valentía y en reiteradas ocasiones su deseo de poder manifestarse pacíficamente en línea con sus derechos, internacionalmente reconocidos".
En este sentido, Ban ha solicitado a las autoridades egipcias que enmienden dicha legislación "para asegurar que toda ley aprobada esté en línea con los estándares internacionales sobre Derechos Humanos".
DURAS SANCIONES
La norma impone duras sanciones económicas para las congregaciones de manifestantes no autorizadas. Además, habilita a las fuerzas de seguridad a emplear balas de goma "sin condiciones" contra los manifestantes.
La ley fue remitida por el Gobierno hace dos semanas al presidente y ha sido muy criticada por los grupos de defensa de los Derechos Humanos, que no han dudado en calificarla de "represiva" puesto que no protege el derecho a la libertad de reunión.
La aprobación de esta ley es especialmente sensible en Egipto, donde desde 2011 las movilizaciones populares y las manifestaciones en las calles han propiciado la caída del Gobierno del expresidente Hosni Mubarak tras décadas en el poder y el derrocamiento del expresidente islamista Mohamed Mursi tras intensas protestas y un golpe de Estado que puso fin a su presidencia el 3 de julio de este año.
La legislación ya ha sido criticada por Estados Unidos, que ha afirmado que "quiere que la transición en Egipto hacia una democracia inclusiva tenga éxito". "Pedimos al Gobierno interino que respete los derechos individuales y solicitamos que la nueva Constitución los proteja", dijo.
En respuesta, el Ministerio de Exteriores egipcio describió las declaraciones de Washington como "una clara injerencia en los asuntos internos del país". "Es normal que todos los países, especialmente los de gran peso internacional, presten atención a los acontecimientos en un país como Egipto, pero eso no permite la violación de ciertas líneas o hacer comentarios de decisiones relacionadas con asuntos internos", remachó.
Andalucía
