BRUSELAS, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea evaluará el impacto del proyecto de ley aprobado por el Parlamento turco el pasado 15 de febrero y que amplía el poder del Gobierno para nominar a los jueces tras haber mostrado preocupación por las consecuencias de borradores anteriores para la independencia judicial en el país, un criterio clave para la adhesión.
"Hemos tomado nota de la adopción de la ley durante el fin de semana. Creemos que esta ley es de importancia determinante para el Estado de Derecho en Turquía", ha explicado en rueda de prensa el portavoz de Ampliación del Ejecutivo comunitario, Peter Stano.
"Evaluaremos el impacto de este acontecimiento reciente", ha apostillado el portavoz, sin avanzar si creen que el proyecto disipa o no las preocupaciones del Ejecutivo comunitario en torno a esta legislación.
Stano ha recordado que el Ejecutivo comunitario ha expresado sus "preocupaciones" al Gobierno de Ankara "en distintas ocasiones y por distintas vías sobre el impacto que borradores previos o versiones anteriores de este borrador habrían tenido para la imparcialidad e independencia de la justicia en Turquía, así como para la división o separación de poderes" en el país y le ofrecieron "la posibilidad de consultas y un diálogo significativo sobre el impacto de este borrador para el Estado de Derecho y el funcionamiento práctico de la justicia en Turquía".
El Ejecutivo comunitario evaluará "el impacto" del nuevo texto aprobado tras recordar que es su tarea vigilar que los proyectos normativos en países candidatos a la adhesión cumplen los criterios necesarios.
LA LEY CONTROVERTIDA
El Parlamento turco aprobó este sábado el polémico proyecto de ley impulsado por el gobernante partido Justicia y Desarrollo que amplía su capacidad de decisión sobre la nominación de los jueces tras una violenta sesión que terminó en una pelea y dejó hospitalizado a un diputado de la oposición.
La ley comprende cláusulas que proporcionan al Ministerio de Justicia la capacidad de investigar a la Junta Suprema de Jueces y Fiscales, el principal cuerpo judicial del país, así como de dictar los temas a comentar durante los encuentros de este organismo.
En el centro de la reforma se encuentra el enfrentamiento entre el primer ministro turco, Recep Tayip Erdogan, y el clérigo Fetulá Gulen, que según Erdogan es responsable de iniciar una investigación por corrupción contra el Gobierno -que hizo caer a tres de sus ministros-- con el único objetivo de derrocarle.
El objetivo final de la ley, según la Junta Suprema de Jueces y Fiscales, es subordinar el Consejo a los deseos del Ministerio de Justicia, en lo que supone a su juicio una franca violación del "carácter independiente del organismo", reformado precisamente por el partido de Erdogan en 2010 tras las quejas de la Unión Europea por el escándalo de corrupción, con el objetivo de obedecer la normativa comunitaria y garantizar la independencia de la Judicatura, evitando su politización.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, aseguró el pasado 21 de enero que el propio Erdogan en un encuentro en Bruselas les dio "garantías de su intención de respetar plenamente el Estado de Derecho, la independencia judicial y en términos generales la separación de poderes" y le avisó de que son principios no solo "fundamentales" para la democracia sino que también "un elemento central de los criterios" para negociar la adhesión a la UE.
Erdogan aseguró que ya habían hecho "los cambios necesarios" y defendió que aunque "nadie puede cuestionar" la separación de poderes dejó claro que estos "no pueden interferir el uno con el otro" y que "la judicatura no debe ir más allá de sus misiones definidas y mandato". "Esto es lo que estamos haciendo en Turquía", sentenció.
