MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una de cada tres personas en Latinoamérica y Caribe, lo que supone unos 90 millones de ciudadanos, ha reconocido haber pagado sobornos para acceder a servicios públicos básicos durante 2016, según revela un informe de Transparencia Internacional basado en 22.000 entrevistas realizadas en 20 países distintos.
El documento --'Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe'-- subraya que al menos un 20 por ciento de los encuestados pagó sobornos para hacer uso de hospitales públicos y que alrededor de un 17 por ciento participó de esta práctica para formar parte de la escuela pública.
Sin embargo, sólo el 9 por ciento de los entrevistados ha denunciado algún acto de corrupción y en un 28 por ciento de los casos los denunciantes han recibido represalias en su contra. Por ello, Transparencia Internacional ha instado a los gobiernos involucrados a dar facilidades y proteger a los ciudadanos que quieran denunciar.
"La gente de Latinoamérica y del Caribe está desilusionada con el Gobierno, con su clase política y con los altos cargos del sector privado", ha señalado el presidente del movimiento anticorrupción, José Ugaz.
Un 62 por ciento de la población latinoamericana y caribeña estima que la corrupción empeoró en 2016, lo que ha desembocado en el debilitamiento de la protección de los Derechos Humanos y de las estructuras de gobernanza. Además, el informe indica que un 47 por ciento de los encuestados aseguran que "todos los políticos y los policías son corruptos", una categoría en la que despuntan Venezuela y Paraguay.
El movimiento anticorrupción ha pedido a los altos cargos latinoamericanos y caribeños que mejoren sus sistemas judiciales, combatan la corrupción policial y protejan a sus ciudadanos cuanto antes.
"Los ciudadanos demandan reponsabilidad y transparencia, pero los líderes no cumplen. Los gobiernos deberían hacer más para combatir la corrupción en todos sus niveles. (...) Deben hacer más fuertes los mecanismos de investigación y justicia respecto a la corrupción y proteger al que quiera posicionarse en su contra", ha defendido Ugaz.
