BEIJING, 2 May. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Débora Altit) -
China cuenta ya con su primer paquete de normas destinado a controlar la venta de órganos humanos, con el que pretende detener un tráfico ilegal, que en la mayoría de casos se sirve de los órganos de ejecutados y presos, que siempre ha negado.
La nueva batería de medidas, un total de 32 artículos divididos en cinco capítulos, entró en vigor ayer día 1 y establece las condiciones en materia de donaciones y trasplantes de órganos humanos y responsabilidades legales, informa hoy en su web la agencia oficial Xinhua. Las regulaciones no se aplican a tejidos humanos como células, córneas o médula.
Así, cualquier médico al que se descubra implicado en un caso de tráfico de órganos perderá su derecho a seguir ejerciendo, y las clínicas en las que se realicen este tipo de operaciones se arriesgarán a perder sus licencias durante al menos tres años.
Las multas impuestas serán de "entre ocho y diez veces el valor del comercio ilegal" llevado a cabo, de acuerdo con la agencia, que asegura no obstante que la mayoría de los órganos donados en el país asiático tienen como origen a ciudadanos comunes que deciden donar sus órganos de forma voluntaria.
Además, se asegura que se endurecerán los controles sobre los centros médicos autorizados a realizar trasplantes y se indica que todos los trasplantes deberán ser autorizados por un comité ético del propio centro.
El país asiático es el segundo del mundo, por detrás de Estados Unidos, en el que se realiza un mayor número de trasplantes de órganos (un total de 5.000, según Xinhua), muchos de los cuales terminan yendo a parar a ciudadanos extranjeros que terminan comprando en China los órganos que no encuentran en sus propios países.
Según datos del Ministerio de Salud chino, 1,5 millones de pacientes necesitan cada año recibir una donación en el país asiático, pero sólo 10.000 terminan convirtiéndose en receptores (dato que contrasta con los 5.000 transplantes realizados que menciona Xinhua).
Grupos internacionales pro Derechos Humanos han acusado a menudo a China de introducir los órganos de los prisioneros ejecutados en el mercado de los trasplantes sin contar con la autorización de presos ni familiares. En algunos casos se ha llegado a denunciar que presos de conciencia o pertenecientes a grupos como Falun Gong, se habían convertido en una importante fuente de órganos.
Además de las prisiones, los hospitales (que actualmente no cuentan con fondos públicos para gestionar y son denunciados a menudo por engordar sus minutas con pruebas innecesarias) también han sido acusados de robar los órganos de los enfermos, y especialmente de las víctimas de accidentes de tráfico, para venderlos a terceros.
