PEKÍN, 26 Abr. (Reuters/EP) -
El Gobierno chino está estudiando reformar la ley para permitir que se dicten sentencias en los casos de corrupción incluso cuando los sospechosos no comparezcan ante el tribunal por haber salido del país, según han informado medios estatales.
En los últimos cinco años, el presidente chino, Xi Jinping, ha librado una guerra contra los corruptos en todos los niveles del gobernante Partido Comunista y ha prometido que la lucha debe continuar hasta que la corrupción sea imposible e inimaginable para los funcionarios.
La campaña también se extendió fuera de las fronteras chinas para sobornar a sospechosos que huyeron del país, aunque los esfuerzos se han visto obstaculizados por las sospechas de las naciones occidentales que no están dispuestas a entregar sospechosos a un sistema en el que no pueden recibir un juicio justo.
La reforma, que ha sido presentada ante el Parlamento este miércoles, fortalecerá la lucha de corruptos en el extranjero al permitir que se dicten sentencias en casos de sospechosos ausentes, según la agencia de noticias oficial Xinhua.
El cambio permite que los fiscales procedan con un caso si las pruebas contra el sospechoso son amplias y el crimen es claro, aunque el sospechoso puede estar en el extranjero, ha afirmado a Xinhua el jefe del cuerpo legislativo del Parlamento, Shen Chunyao.
En los casos de "juicio por incumplimiento" se deberá enviar una copia de la citación al acusado, ha aseverado Shen.
En los casos en los que los acusados hayan fallecido o presenten una enfermedad mental que les incapacite para ir a juicio, se utilizará un sistema similar.
China ha aumentado la presión sobre los sospechosos de corrupción en el extranjero pidiendo a los miembros de su familia que se comuniquen con ellos y les animen a volver al país, así como divulgando detalles personales de los desertores, como sus direcciones.
La propuesta de cambios se produce poco después de que China aprobara una nueva ley de supervisión y estableció una poderosa comisión anticorrupción para extender la lucha a todos los empleados estatales, ya sean funcionarios del partido o no.
El nuevo sistema y la ley debilitan la protección de los derechos de los sospechosos al afianzar el uso de técnicas controvertidas de detención y de interrogatorio que pueden permitir el abuso o la tortura, según afirman los grupos defensores de Derechos Humanos y expertos legales.
