BEIJING, 9 Oct. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Débora Altit) -
En un nuevo intento por aprovechar la cercanía de los próximos Juegos Olímpicos de Beijing 2008 para que China mejore la situación de los Derechos Humanos, la organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido al país asiático, donde se producen el 80 por ciento de todas las ejecuciones de presos en el mundo, que detenga "en un gesto de buena voluntad" la pena de muerte.
"Cuando la atención del mundo se dirige al pobre historial chino en materia de Derechos Humanos en los preámbulos de los Juegos Olímpicos, el Gobierno chino podría evitar futuros bochornos dando un paso valiente en relación a su posición como máximo ejecutor del mundo de sus propios ciudadanos", señaló en un comunicado Brad Adams, director de la organización para Asia.
Las deficiencias existentes en la celebración de juicios no permiten, en opinión de Adams, que ninguno de los ejecutados en China reciba un juicio justo de acuerdo con los estándares internacionales.
Beijing, de hecho, ya ha puesto en marcha reformas para detener el torrente de ejecuciones aplicadas desde los gobiernos locales. Desde principios de este año la autorización final de las condenas a muerte depende del Tribunal Popular Supremo, el máximo órgano judicial, encargado ahora de revisar una por una las sentencias.
Durante los últimos 23 años las condenas eran dictadas por los tribunales locales, en una regulación surgida para agilizar el sistema en una época en la que había aumentado la criminalidad y que terminó causando que idénticos delitos terminaran recibiendo penas totalmente distintas en cada región del país.
Desde que la reforma ha sido aplicada, el número de condenas a muertes se ha reducido sustancialmente, según la prensa oficial, aunque no se han ofrecido cifras. La ONG Amnistía Internacional contabilizó 1.770 ejecuciones en 2005, aunque se cree que el número real sería más alto.
"La reducción del número de ejecuciones es bien recibida, pero eso no es un sustituto de la absoluta transparencia, los juicios justos, una defensa adecuada y la independencia judicial", afirmó el responsable de HRW, quien solicitó también que se haga público el número de presos muertos.
Por otro lado, la semana pasada se ordenó que las donaciones de los órganos de los reos ajusticiados sólo pueden ir a parar a miembros de su propia familia, lo que se espera que también ponga fin a la cadena de irregularidades y a un sistema que había terminado convirtiéndose en un lucrativo negocio.
